Claudia Rivera propone sistema antisoborno pero enfrenta denuncias penales por corrupción
Osvaldo Macuil / @OsvaldoMacuil
La candidata de Morena a la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera Vivanco anunció que en caso de ganar la elección promoverá un esquema antisobornos en las dependencias del Ayuntamiento. Sin embargo, la presidenta con licencia enfrenta señalamientos por corrupción y la Auditoría Superior del Estado promovió tres denuncias penales en su contra.
La morenista expuso que va por la certificación ISO 37000 de un sistema antisobornos en la administración pública, la cual se implementará en la Policía de Tránsito y posteriormente en otras dependencias.
Inclusive, dijo que este sistema se aplicará a los inspectores de vía pública, luego de que su administración ha sido señalada de proteger a los ambulantes en las calles.
«Implementaremos la certificación 37000 de un sistema de gestión antisoborno en la administración municipal, esto iniciará con los procesos de la policía de tránsito, continuará con protección civil, normatividad comercial, tesorería municipal, desarrollo urbano, compras gubernamentales e inspección de vía pública”.
ASE presentó tres denuncias por corrupción
Claudia Rivera Vivanco enfrenta tres denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción por compras irregulares en el Ayuntamiento de Puebla, en las cuales se han usado a 58 empresas que presentaron irregularidades como domicilio fiscal inexistente o tenían un objeto social que no era acorde al servicio que contrató la autoridad municipal.
Recientemente, ALMANAQUE entrevistó al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, quien reveló que la candidata de Morena a la alcaldía de Puebla fue denunciada hace dos meses, luego de que en los procesos de fiscalización encontraron anomalías.
La primera denuncia penal en contra de Claudia Rivera fue por la contratación irregular del servicio de barrido mecánico para diferentes calles de la capital, pues la empresa que ganó la licitación estaba especializada en banquetes.
La segunda es por la corrupción que se dio en la compra de calentadores solares. La propia alcaldesa con licencia, presumió en su informe de gobierno 2019, que se gastaron casi 24 millones de pesos.
La tercera denuncia penal, incluye la contratación de 58 empresas a través de las cuales se usaron facturas falsas, tenían domicilio fiscal inexistente o el objeto social marcado en la constitución mercantil no era el adecuado para el servicio.
