Esteban López / @Estevanz01
El gobierno de Miguel Barbosa Huerta no incurrió en ninguna irregularidad, por lo tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no detectó daño patrimonial en la revisión a la cuenta pública de 2020.
De acuerdo con la primera parte de los informes individuales de la ASF, el órgano fiscalizador federal determinó que la administración barbosista distribuyo de manera adecuada los recursos de los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).
En el caso del FISMDF, al estado de Puebla le destinaron 5 mil 305 millones 868 mil pesos y para el FORTAMUN le asignaron 4 mil 370 millones 307 mil pesos, los cuales fueron transferidos al 100% a los 217 municipios del estado.
La ASF reconoció que la Secretaría de Planeación y Finanzas a cargo de María Teresa Castro Corro cuenta con dos cuentas bancarias exclusivas para que administrara los recursos que la federación le transfirió.
En conclusión, la ASF determinó que el gobierno de Puebla hizo una gestión adecuada del proceso de distribución y transferencia de los recursos de ambos fondos a los municipios de la entidad.
La Auditoría Superior de la Federación solamente pidió a la Secretaría de Planeación y Finanzas que actualice su Manual de Procedimientos, porque desde 2019 no lo ha hecho.
Esta primera revisión corresponde al primer año de Miguel Barbosa como gobernador de Puebla, pues inició su administración en agosto de 2019 tras las elecciones extraordinarias.
LEER: ASF observa 205.9 millones de pesos al gobierno de Puebla
Escuelas al CIEN
Una de las revisiones que hizo la ASF fue al programa Escuelas al CIEN, pues a Puebla le fueron asignados 15 mil 858 millones de pesos.
De esa cantidad de dinero, al 31 de diciembre de 2020, solamente se ejercieron 13 mil 470 millones de pesos, por lo que la auditoría hizo ocho observaciones de las cuales, cinco no presentaron irregularidades, dos fueron solventadas y una generó una recomendación.
La ASF expuso en el informe que el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) careció de un órgano interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los mecanismos.
“En conclusión el Gobierno del Estado de Puebla realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas al CIEN ajustado a la normativa”, expone el documento.
