En el gobierno de Miguel Barbosa los cálculos, las persecuciones arbitrarias o las negociaciones políticas son prácticas inexistentes. La ley es la ley.
Venimos de una larga y oscura época en la que dos regímenes, el marinista y el morenovallista, la corrupción, la impunidad y las salvedades para los amigos estaban normalizadas.
Para los amigos todo, para los enemigos la ley.
Torcer la ley era el deporte favorito de las administraciones de Marion Marín Torres y de Rafael Moreno Valle Rosas.
Cuantos casos públicos no existieron en los que los infames Marín y Moreno Valle, tan similares en acciones y personalidades, exoneraron a sus cercanos y llegaron a acuerdos inconfesables con sus enemigos a cambios de rentas electorales y económicas durante las temporadas de campañas políticas.
Los empresarios sexenales, los secretarios, de primer o segundo nivel, y hasta los familiares de los gobernadores se creían “Dios en el poder” (góber precioso dixit).
La entidad poblana era la tierra sin ley.
Hoy, la historia es diferente.
El combate a la corrupción es ya la norma en Puebla.
A la sociedad poblana ya no le sorprende qué tal exfuncionario morenovallista fue aprehendido ni que un nuevo exsecretario marinista duerme en algún centro penitenciario del país o que algún excolaborador barbosista es ahora investigado por la Fiscalía General del Estado.
No, la cruzada anticorrupción de Miguel Barbosa es algo cotidiano y sistematizado ya en Puebla.
Desde su llegada al gobierno del estado, Barbosa Huerta se puso como objetivo cambiar el régimen corrupto e impune que le fue heredado por sus antecesores del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional.
El poder convertido en un modelo de negocios al servicio del gobernador en turno.
La casa con puertas abiertas para ser saqueada de una manera atroz y con toda impunidad.
Para normalizar el combate a la impunidad, sin lugar a duda, se necesitan dos factores: arrojo y moral.
Y es que no se puede perseguir y castigar a los corruptos sin detenerse en los riesgos que ello pueda acarrear ni emprender esta cacería si al interior existen cadáveres en el closet.
En los tres primeros años de su gobierno, Barbosa Huerta, a diferencia de Marín y Moreno Valle, no ha tenido ningún escándalo por desvío de recursos públicos, observaciones por parte de la Auditoría Superior Federal o alguna obra fantasma para quebrantar las arcas públicas o beneficiar a algún patrocinador de su campaña.
Es más, ni los periodistas ni columnistas malquerientes del mandatario y adictos a sus enemigos han podido documentar o realizar un reportaje de algún acto de corrupción cometido por este.
Al contrario, el gobernador del estado, sin preocuparse por cuidar la imagen personal o de su administración, ha sido el primero en exponer casos de malas prácticas en el quehacer público, posibles hechos en contra de su administración o irregularidades en sus funciones.
La guillotina ha caído pareja en las cabezas de los cercano y no tan cercanos del gobernador de Puebla.
Aunque por lo delicado del asunto al ser una apología del delito al difundir mensajes falsos de un supuesto toque de queda y actos de terrorismo por parte del CJNG en Puebla, la investigación abierta en contra de Pedro Gómez, ex director de Puebla Comunicaciones al inicio del gobierno barbosista, fue una noticia impactante tampoco causó el revuelo de antes al ser ya una práctica común en la actual administración estatal.
Una vez está demostrado que la impunidad es letra muerta en el gobierno de Miguel Barbosa.
Quien esto escribe está en posición de adelantar que en los próximos días serán obsequiadas una serie de órdenes de aprehensión en contra de funcionarios que dejaron la administración de Barbosa Huerta por posibles actos de corrupción.
Normalizar el combate a la corrupción en Puebla para nada fue sencillo.
Cero impunidad para los corruptos.
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