Fue en el periodo de transición previo al inicio de su gobierno cuando el gobernador Miguel Barbosa trazó, diseñó y configuró la reforma de gran calado al Poder Judicial de Puebla que ya ingresó al Congreso del estado, la cual, en próximos días será discutido al seno del Legislativo local para su posterior aprobación.
Los cambios estructurales e institucionales al Tribunal Superior de Justicia que impulsa Barbosa Huerta es, sobra decirlo, inédita a nivel nacional y la primera en su tipo.
Nunca un gobernador, llámese cómo se llame, se había atrevido a cambiar el régimen viciado y podrido en el que se había convertido el sistema de acceso, impartición y administración a la Justicia.
El mandatario poblano es el primero a nivel nacional en muchos años que se atrevió a meterse a las entrañas mafiosas de su Poder Judicial para hacer una gran limpia y cambios de forma y fondo para extinguir los privilegios, los negocios y las malas praxis de magistrados y jueces, quienes habían convertido en un multimillonario negocio la justicia en la entidad.
No se ausentarán aquellos obnubilados que verán el árbol y no todo el bosque.
Seguro las plumas y los voceros de los malquerientes del gobernador Barbosa pensarán que la reforma al Poder Judicial es un traje a la medida para destituir a Héctor Sánchez de la presidencia del TSJ.
Sus burdos análisis y sus limitadas visiones no dan para más.
La reforma estructural al Poder Judicial de Puebla no puede reparar en un individuo.
Faltaba más.
El gobierno del estado preparó una iniciativa que vale la pena analizar a fondo y dar algunas claves para entender sus motivaciones y razones.
No se puede pasar por alto todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años en las entrañas del Tribunal Superior de Justicia, que, como muchas otras instituciones, tocaron fondo en el morenovallismo como un gran factor corruptor.
Jueces que actuaban por consigna, negocios indecibles y liberaciones inverosímiles de criminales y narcotraficantes.
No, las cosas no podían seguir así en el Poder Judicial poblano.
La primera gran clave de la reforma judicial barbosista está en el Consejo de la Judicatura, el gran órgano rector y administrativo del TSJ, el cual, ahora, ya tendrá su propio presidente y dejará de compartido con el pleno del Tribunal.
No solo eso, el presidente del Consejo de la Judicatura ya no solo será electo por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pues los otros dos poderes del estado, el Ejecutivo y el Legislativo, también tendrán participación en este proceso de designación.
Uno de los cambios importantes en la reforma constitucional es la prohibición para jueces, magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura de reunirse fuera de recintos públicos con las partes o los apoderados legales de los juicios.
Este punto es primordial para acabar con la corrupción del TSJ.
El Consejo de la Judicatura, así como la creación del Tribunal Constitucional, será vital para regresarle la dignidad y la transparencia al Poder Judicial del estado.
El presidente de ambos órganos, en especial de la Judicatura, será alguien honorable, intachable e incorruptible.
La terna de nuevos magistrados enviada por Miguel Barbosa puede dar señas de lo que se viene.
Tal como ocurre con otros funcionarios públicos, los magistrados del TSJ e integrantes del Poder Judicial deberán presentar declaración patrimonial, de intereses y vínculos de parentesco de consanguinidad hasta cuarto grafo. Esto último con la finalidad de que no contraten familiares.
La Sala Constitucional se encargará de revisar acciones de inconstitucionales promovidas por entes autorizados, controversias entre poderes y municipios, acciones por violaciones a derechos humanos, omisiones del Congreso, recursos de revocación contra acuerdos de Consejo de la Judicatura, así como la remoción de jueces.
En torno a los cambios al Tribunal de Justicia Administrativa, se contempla elevar de siete a nueve el número de magistrados y la creación de una sala especializara con competencia exclusiva en materia de responsabilidades administrativas. Cada magistrado durará 15 años en el cargo, y el presidente cuatro años sin derecho a reelegirse.
Quien crea que esta reforma tiene dedicatoria que mejor se ocupe en algo más.
La reforma estructural al Poder Judicial de Puebla es un parteaguas y un hecho histórico en Puebla.
Sus leyes complementarias y secundarias, que se presentarán en los próximos seis meses, harán de concreto esta reforma.
Se acabó la mafia del TSJ.
Mario Riestra, el deber cumplido
El diputado federal Mario Riestra sigue demostrando con hechos que es uno de los políticos en Puebla con mayor proyección y cuya palabra tiene valor al igual que sus compromisos.
Ya como un político consolidado, Riestra Piña viene creciendo como la espuma y así quedó demostrado en su primer informe legislativo como representante de la ciudad de Puebla en la Cámara de Diputados, el cual contó con el respaldo de importantes líderes nacionales de la Alianza Va por México.
Riestra puede trabajar tranquilo en su proyecto rumbo al 2024 con la seguridad del deber cumplido.
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