El gobernador Miguel Barbosa Huerta envió un paquete de reformas al Congreso del Estado para evitar el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares y sancionar hasta con 15 años de cárcel las omisiones de las autoridades por expedición de permisos en áreas naturales protegidas.
El gobernador del estado envió una serie de reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y al Código Penal del Estado para prevenir estos siniestros.
La iniciativa plantea establecer la definición de un “asentamiento humano irregular” para fines de vivienda en el estado:
“Conglomerado de personas establecido para fines de vivienda, sin autorización, en un área físicamente localizada de restricción natural o artificial, riesgos o de amortiguamiento, cualquiera que sea su régimen de propiedad; al margen de las leyes, planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico; carente de los requerimientos mínimos de infraestructura, equipamiento y servicios básicos para su buen funcionamiento, con falta de certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra”.
Con esto, se busca prohibir la entrega de cualquier permiso por parte de funcionarios estatales o municipales en asentamientos irregulares que se encuentren en “derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales”.
Se busca establecer en el Código Penal del Estado como delito contra el orden del desarrollo urbano los actos y omisiones de los funcionarios públicos que permitan este tipo de asentamientos humanos.
“Con el carácter de funcionarios Públicos realicen actos u omisiones para alentar, autorizar, aprobar, otorgar, conceder y/o permitir la fundación de asentamientos humanos irregulares y/o en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los Planes de Desarrollo Urbano respectivos”.
En el Código Penal ya se establece una pena de 4 a 10 años de prisión, y multa de 180 a 500 Unidades de Medida de Actualización para quienes incurran en este delito, no obstante, se busca que las sanciones incrementen una mitad cuando el asentamiento irregular se encuentre dentro de un área natural protegida o de preservación ecológica, por lo que la sanción podría ser de 6 a 15 años de cárcel.
También se pretende facultar al Sistema Estatal de Protección Civil para “vigilar” a los Ayuntamientos y no permitir la entrega de permisos de construcción en asentamientos irregulares, y, en caso de detectar algún tipo de asentamiento de este tipo podrá notificar y denunciarlo ante las autoridades correspondientes para poder desalojarlos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, de Protección Civil, y de Desarrollo Urbano para su estudio y resolución procedente.
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