La traición y el abuso de poder les costó caro a Héctor Sánchez y Francisco Romero, pues este 2022 fue su caída. El abuso de poder fue su peor enemigo que hoy tiene a uno desterrado de la vida pública del estado y el otro encarcelado.
Ambos funcionarios se ganaron la confianza del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien con respeto a la autonomía del Poder Judicial y a la Auditoría Superior del Estado (ASE), los respaldó desde el gobierno del estado.
Sin embargo, la corrupción en la ASE y el Tribunal Superior de Justicia, además de la cercanía con Antonio Gali por parte del Sánchez los llevó a la desgracia.
A continuación, ALMANAQUE presenta la caída de Héctor Sánchez y Francisco Romero este 2022.
Francisco N, vinculado a proceso por uso de factureras
El 25 de febrero, Francisco N fue detenido en su domicilio en La Vista Country Club. Primero fue acusado de violencia familiar desde diciembre del 2021, incluso se amparó.
Sin embargo, el 4 de marzo fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras haber adquirido y ocultado diversos bienes inmuebles a través de prestanombres y empresas fachada.
Mientras enfrenta su proceso en prisión, el Congreso de Puebla, determinó cesarlo como auditor de Puebla y en su lugar, fue electa Amanda Nava Gómez, ex secretaria de la Función Pública.
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Francisco Romero también fue relacionado con la llamada Operación Angelópolis, la cual embarró al diputado federal, Ignacio Mier, a Arturo N., director del periódico Cambio, supuestamente por el lavado de 407 millones de pesos.
Héctor Sánchez, de poderoso magistrado presidente del TSJ al destierro político
Héctor Sánchez llegó con el morenovallismo a la presidencia del TSJ en 2017, año en el que gobernaba Antonio Gali Fayad.
Permaneció en el cargo cuando Miguel Barbosa asumió la gubernatura de Puebla tras las elecciones extraordinarias del 2019.
Sin embargo, casos de corrupción por parte de jueces, como el de Jared Albino Soriano Hernández, quien fue evidenciado en un audio en el que se reveló que recibió 400 mil pesos de soborno por parte de Eukid Castañón.
Al respecto, Héctor Sánchez señaló que era decisión del magistrado separarse del cargo en lo que se lleva a cabo la investigación.
Tras estos hechos, Barbosa envió una serie de reformas al Poder Judicial para evitar casos de corrupción.
Pasaron unos días para que Héctor Sánchez renunciara a la presidencia del TSJ, pero fue el 27 de octubre cuando renunció definitivamente al Poder Judicial. En su lugar quedó la magistrada Margarita Gayosso Ponce.