La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez presentó reformas para diferenciar en dos modalidades la violencia digital y mediática en la entidad a fin de que se proceda con la eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con los que se violenten a las víctimas.
En la sesión del Pleno, la legisladora panista propuso reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar estas dos modalidades.
En la iniciativa se plantea tipificar como Violencia digital “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia”.
También se considerará violencia digital los actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales serán entendidas como “aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos”.
En cuanto a la Violencia mediática, esta será definida como “todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de un discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida”.
Cuando se ejerza alguna de las dos modalidades de violencia, el Ministerio Público, la jueza o el juez, podrán ordenar a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales, páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa.
La autoridad encargada del caso también deberá solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido que se denunció de acuerdo con las características de este; las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que el este será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.
Además, dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas deberá celebrarse la audiencia en la que el juez de control podrá cancelarlas, ratificarlas o modificarlas considerando la información disponible y la irreparabilidad del daño.
En su documento, la diputada del PAN argumentó que Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con el mayor número de casos de violencia digital, de acuerdo con un informe presentado por la activista poblana Olimpia Coral y el Frente Nacional para la Sororidad y Defensores Digitales.
Puebla, junto con la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, concentran el 40 por ciento de las agresiones en línea entre mayo 2019 y diciembre 2021, documentó el Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales en su Informe “Violencia digital (México)”.
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