El aumento a la tarifa del transporte público en 2019 se dio a cambio de que los transportistas colocaran equipos de seguridad y se modernizarán las unidades. Sin embargo, después de 3 años y 4 meses, esta promesa no se cumplió y los dos responsables han dejado el gobierno estatal.
Guillermo Aréchiga Santamaría y Elsa Bracamonte González fueron los dos titulares de la Secretaría de Movilidad y Transporte encargados de esta modernización, quienes no lograron dar resultados.
El 12 de octubre de 2019, el entonces gobernador, Miguel Barbosa Huerta autorizó el aumento al pasaje a 8.50 pesos. Se estableció que uno de los requisitos que debían cumplir los transportistas era instalar equipos de seguridad como botones de pánico, sistemas GPS y cámaras de video vigilancia.
Estos equipos estarían conectados al sistema C5 para garantizar que en caso de asaltos, la policía llegaría en tiempo real para detener a los responsables.
Guillermo Aréchiga, el primer responsable de la modernización del transporte público
Con Guillermo Aréchiga en Movilidad y Transporte se llamó a todo el transporte a revista para verificar las condiciones mecánicas y que cumplieran con la instalación de cámaras de video vigilancia con enlace en tiempo real al C5, botones de pánico, sistema de geolocalización y estrobos.
Posteriormente, les dieron un periodo para que cumplieran con estos requisitos, pero al final la dependencia dejó de presionar.
Los concesionarios del transporte público debían comprar los aditamentos con empresas autorizadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Aréchiga fue señalado de irregularidades y de poner a sus familiares a vender los equipos, los cuales al final no fueron funcionales.
Aréchiga salió de la dependencia 12 de marzo de 2021 y con la Policía Estatal fue escoltado para que dejará su oficina sin llevarse ningún documento.
El entonces gobernador, Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que el ex funcionario fue despedido porque no cumplió con los objetivos de la modernización del transporte público que se le encomendaron.
Posteriormente, fue acusado de corrupción y de vender concesiones del transporte público. En marzo de 2022 fue detenido por la Fiscalía de Puebla y permaneció un año en prisión hasta el pasado 3 de marzo que fue liberado.
Elsa Bracamontes fracasó en la contratación de la empresa encargada del software
El 12 de abril de 2021, Miguel Barbosa nombró a Elsa Bracamonte como titular de esta dependencia, con el principal objetivo de concretar la modernización del transporte.
La ex funcionaria que dejó el cargo la semana pasada dijo que buscaría que una empresa de talla internacional fuera contratada por el gobierno estatal para brindar el software al cual se conectarían las unidades del transporte público.
“La plataforma madre va a estar aquí, la empresa que gane la licitación, hay varias, hay hasta chinas, está Huawei, AT&T. Hay empresas de gran tamaño. Se está haciendo una cosa muy seria por parte del gobierno”, declaró la funcionaria a ALMANAQUE el 12 de abril de 2022.
También expuso que los transportistas pagarían 300 pesos mensuales para recibir la señal de la plataforma que se contrataría.
Mientras que el precio por el equipo de seguridad sería de 25 mil pesos y lo pagarían ante la Secretaría de Finanzas.
El gobierno estatal emitió una licitación para contratar a la empresa encargada de este software, pero al final de declaró desierta.
En abril del año pasado, se publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado para definir los lineamientos en torno a la instalación cámaras de vigilancia, GPS y el resto de elementos de seguridad en las unidades.
A pesar de todo ello, no se concretó la compra de la plataforma y mucho menos los equipos de seguridad. La semana pasada, Elsa Bracamonte dejó la dependencia ante la incapacidad para sacar adelante este tema.