El Partido del Trabajo propuso reformas para la aplicación de la Ley 3 de 3 e impedir que quienes incurran en violencia política en razón de género, sean deudores alimentarios o cometan violencia familiar no puedan ser gobernadores, diputados locales o magistrados en Puebla.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Nora Merino Escamilla, presentó reformas a la Constitución Política del Estado y el Código Civil de Puebla para colocar estos impedimentos para ostentar cargos públicos.
El paquete de reformas también contempla la creación del Registro de Deudores Alimentarios del Estado de Puebla, mismo que será público.
Al Código Civil local se busca incorporar un capítulo para establecer la operación “Del Registro de Personas deudoras Alimentarias Morosos del Estado de Puebla”, que será operado por el Registro Civil del Estado.
Éste constará de un sistema de información que contenga la identificación de deudores alimentarios que por cualquier causa incumplan por más de 90 días con su obligación.
Este registro tendrá como datos el nombre y apellidos; Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única del Registro de Población (CURP) del deudor alimentario moroso; nombre del acreedor o acreedores alimentarios; datos del acta que acrediten el vínculo entre deudor y acreedor alimentario; y numero de pagos incumplidos, monto del adeudo alimentario, y fecha del último pago de la obligación.
Una vez hecha la inscripción del deudor alimentario se formulará la solicitud al Registro Público de la Propiedad para anotar los folios reales de propiedad del deudor alimentario moroso.
Las modificaciones a la Constitución Política del Estado plantean incorporar los artículos 38, 74 y 89 para establecer como requisitos para ser elegibles como gobernador, diputado y magistrado el gozar de buena reputación y no haber sido condenado por violencia política de género, ser deudor alimentario o violencia familiar.
La diputada Nora Merino señaló que en Puebla, de 2020 a 2022 en 7 de cada 10 divorcios que se registraron en Puebla el padre no se ha hecho cargo del pago de la pensión alimenticia.
“De 2020 a 2022, de cada 10 divorcios 7 hombres no pagan pensión, y del 100 por ciento de mujeres jefas de familia en este país el 30 por ciento nos hacemos responsables solas al 100 por ciento de nuestros hogares”, enfatizó la legisladora del PT.
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