En la misma semana, el lopezobradorismo tuvo que recular en su intentona de amordazar a la oposición y controlar –por no decir asfixiar– a los medios de comunicación.
Si hay algo que detesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, es justamente eso: recular.
El tabasqueño es de esos políticos que prefieren morirse con la suya antes que retractarse.
Recular no es algo a lo que esté acostumbrado “el ciudadano”.
El costo político de las reformas impulsadas por Palacio Nacional y por la vergonzante fracción de Morena en la Cámara de Diputados para castigar las injurias en contra del presidente, conocida como la “Ley 1917”, y las restricciones al gasto en comunicación social de los estados y municipios, pudo más que los arrojos de AMLO y sus legisladores.
Y es que, la batalla del 2024 no está para tener a la prensa en contra y para amordazar al pueblo.
Ambas reformas, sobra decirlo, eran retrógradas, autoritarias y dictatoriales.
Además, corrían el gran riesgo de ser declaradas como inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El ‘reversazo’ que dieron en Palacio Nacional y en San Lázaro es, sin lugar a duda, una victoria para la libertad de expresión, para la autonomía de los estados y municipios y para los medios de comunicación.
A inicios de esta semana, Ignacio Mier, desbocado aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Puebla y coordinador ocasional del partido marrón en la Cámara baja, anunció que se derogarían “algunos artículos” de la controversial Ley General de Comunicación Social (LGCS) ante la posibilidad de que violenten la autonomía y soberanía de las entidades estatales y municipales.
El articulo 26 de la Ley General de Comunicación Social fue aprobada el año pasado y consiste, principalmente, en limitar el gasto de la propaganda gubernamental y “garantizar el derecho de la ciudadanía a la información sobre la actuación y rendición de cuentas de los Entes Públicos”.
Una guerra cantada en contra de los medios de comunicación.
Ante ello, el pasado 10 de febrero, el PAN ingresó ante la SCJN cuatro controversias constitucionales por las reformas realizadas a la Ley General de Comunicación Social, en específico a la referente del artículo 26.
A este recurso se sumaron, días más tarde, decenas de gobiernos y alcaldías de diferentes partidos políticos, pues dicha normativa era una verdadera ocurrencia impulsada por el gobierno lopezobradorista, que obligaba a destinar tan solo el 0.1 por ciento del presupuesto anual para difundir programas o acciones gubernamentales, lo que atenta contra la autonomía de los estados y municipios, los limita y pretendía ahorcar a medios de comunicación regionales y locales.
Hay que recordar que La Ley General de Comunicación Social, que aprobó la mayoría morenista en el Congreso de la Unión —sin el debido proceso legislativo, sin debate parlamentario y como parte del paquete del Plan B electoral—, es inconstitucional y es una trampa.
Ante las severas críticas a la LGCS, Mier Velazco tuvo que ser el vocero para anunciar que esta sería derogada.
Algo similar sucedió con la ley que castigaba las injurias en contra del presidente.
Después de más de dos años de estar en la “congeladora” y con 106 años de estar vigente —desde 1917— el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, que fomentaba la autocensura y las amenazas desde el poder político contra periodistas y medios de comunicación.
Esta ley era retrógrada y ridícula, por decir lo menos, pues permitía sancionar a quien cometa injurias al presidente, a una ministra o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un magistrado de circuito o de la Ciudad de México, de los estados, a un individuo del Poder Legislativo federal o de los estados, a un general o coronel, secretarios del despacho, al fiscal general de la República, gobernadores, titulares del gobierno de la CDMX; es decir, gran parte de las autoridades.
Fue en febrero de este año cuando la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados dio luz verde a una propuesta de reforma a la Ley de Delito de Imprenta, presentada –para no variar– por la morenista Jocabeth Hernández Ruedas, quien proponía sancionar con una multa máxima de hasta 4 mil 174 pesos a quien injurie al presiente de la República.
Otra vez, ante las críticas de la mordaza morenista, López Obrador rechazó tajante la propuesta impulsada por su diputada, negó haber promovido la nueva disposición y aseguró que la vetaría de ser aprobada.
No faltarán los loquitos que en Puebla continúen con sus ataques contra la prensa e intenten amordazarnos, como lo han intentado hacer, de cara a la elección del 2024.
Una semana redonda para la libertad de expresión y para los medios de comunicación.
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