El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) sancionó al diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, por el caso de violencia política de género en contra de Erika de la Vega Gutiérrez, aspirante a la alcaldía de San Pedro Cholula en la elección de 2021.
En sesión del pleno, los magistrados electorales determinaron inscribir por un periodo de tres años al panista en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Este fallo se dio debido a que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la violación de derechos políticos de la aspirante a presidenta municipal de San Pedro Cholula y la omisión de Genoveva Huerta, en su carácter de presidenta estatal del PAN para revisar el caso cuando la víctima lo denunció.
También se determinó que el diputado local del PAN debe tomar un curso, taller o conferencia avalado por una institución pública que tenga por objeto la sensibilización en género, masculinidad, prevención de la violencia de género o similares, como medida de reparación y no repetición.
“Se propone imponer al denunciado una amonestación pública, y solicitar su inscripción en los Registros de personas sancionadas, durante el plazo de tres años; de igual forma, se propone el dictado de medidas de reparación y de no repetición, consistentes en una disculpa pública, la acreditación de los denunciados, en un curso, taller o conferencia que tenga por objeto la sensibilización en género, masculinidad, prevención de la violencia de género, o similares; impartido por una institución pública avalada para ello; así mismo se propone ordenar la continuidad de las medidas de protección otorgadas por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado”.
En 2021, la entonces aspirante a candidata por la alcaldía de San Pedro Cholula denunció que Alcántara Montiel, quien era asesor del Comité Estatal, le propuso tener encuentros sexuales o que le pagara 1.5 millones de pesos para postularla.
En el máximo tribunal electoral del país le dieron la razón a la víctima y se expuso que se acreditó la irregularidad denunciada.
