La diputada presidenta de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó el Informe Anual de Trabajo realizado por el órgano colegiado, donde destacó la dictaminación de iniciativas y puntos de acuerdo para promover y proteger los derechos de este sector de la población.
En este sentido, subrayó que una de las iniciativas más importantes de la Comisión fue la de las reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de adopción, que da certeza jurídica y temporalidad a este proceso, además de hacer una armonización con la Ley General en la materia, que hace tangible el derecho de las niñas y los niños de vivir en la calidez de un núcleo familiar.
«Es una reforma que cambiará la vida de las niñas y niños en indefensión de la entidad, ya que tendrán una segunda oportunidad de vida al tener el acceso a una familia», señaló la diputada.
Por otra parte, la legisladora mencionó el exhorto a los 217 ayuntamientos de la entidad para que los que aún no han instalado sus Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, lo hagan a la brevedad posible, y los que ya lo hicieron elaboren y aprueben su programa municipal de protección a este sector de la población.
De igual manera, el exhorto a los 217 ayuntamientos de la entidad para que implementen acciones y políticas públicas que fomenten la paternidad responsable, y con ello, se consolide la corresponsabilidad familiar en el cuidado de niñas, niños y adolescentes, principalmente.
La diputada también subrayó la iniciativa para reformar diversas fracciones al artículo 8 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, con la finalidad de implementar mecanismos de participación de padres y madres de familia, o de quien ejerza la tutela.
Asimismo, mencionó la iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para armonizarla con la Ley General en la materia e indicar que las autoridades estatales y municipales deberán establecer las disposiciones que orienten las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de castigos corporales y humillantes.
Así como la iniciativa para reformar la Ley anterior para incluir la prevención del maltrato, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia que se suscite hacia niñas, niños y adolescentes en los centros educativos del Estado.
