ASF detecta posible daño patrimonial del gobierno de la ciudad de Puebla por 61 mdp
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño patrimonial de 61 millones 660 mil 334 pesos del Ayuntamiento de Puebla referente a la Cuenta Pública 2022.
De acuerdo con el tercer informe de resultados, el órgano fiscalizador llevó a cabo tres auditorías al gobierno de la ciudad de Puebla.
En dos de ellos detectó que el gobierno municipal aplicó los recursos de manera adecuada referente a la adquisición de 297 vehículos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como para la ejecución de obra pública.
Sin embargo, la auditoría 1530 referente a las Participaciones Federales a Municipios, se llevaron a cabo seis observaciones, de las cuales, se solventaron dos, cuatro de ellas generaron dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos Pliegos de Observaciones.
No obstante, la Contraloría y las áreas responsables pueden solventar las observaciones del órgano fiscalizados federal.
ASF detecta posible daño patrimonial por 61 mdp: Ángela asistente virtual con más observaciones
La revisión de la ASF detectó anomalías en el «Servicio de Diseño, Configuración e Implementación para la Plataforma de Sistematización de Procesos Gubernamentales Enfocados a la Ciudadanía, Gestión Interna y Seguimiento», que se trata del smartbot «Ángela«, que es un asistente virtual que se implementó para resolver dudas de la ciudadanía para trámites o reportar baches y luminarias descompuestas.
Para este proyecto se destinaron 36 millones 291 mil 928 pesos, sin embargo, en la revisión la ASF puntualizó que el Ayuntamiento de Puebla, no presentó el contrato, la fianza de cumplimiento, de vicios ocultos y constancia de inscripción en el padrón de proveedores del municipio de la empresa ganadora del proyecto.
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La observación se refiere al «servicio de difusión del quehacer gubernamental a través de herramientas de conversación digital para el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla; y por un monto de 36,291,928.70 pesos, derivado de las deficiencias en los dictámenes de procedencia a la firma de dicho convenio, respecto de los requisitos que la normativa exige, además de no presentar la cesión de los derechos de cobro que acredita la titularidad de éstos a la empresa pagada».
El gobierno de la ciudad debe aclarar 4 millones 780 mil 692 pesos por la falta de congruencia entre los periodos de ejecución del contrato y la evidencia de las obras ejecutadas ese año.
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Foto: Gran Angular Agencia | @AngularAgencia
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