#LeyDomínguez busca inhabilitar a alcaldes que dejen sin recursos a sus ayuntamientos
El Congreso de Puebla recibió la iniciativa para castigar con inhabilitación perpetua a servidores públicos que dejen sin recursos a gobiernos entrantes, denominada Ley Domínguez.
La iniciativa fue presentada por María De la Barreda Angón, y además de la inhabilitación de por vida y hasta 15 años de cárcel al funcionario que genere un daño patrimonial a las finanzas públicas.
La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que la Ley Domínguez surge por el ex alcalde Adán Domínguez, quien dejó sin recursos al gobierno de Pepe Chedraui.
#EnVideo 🤳 Presentan en el @CongresoPue la #LeyDomínguez para castigar con inhabilitación perpetua a servidores públicos que provoquen daños en las finanzas municipales
— Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) November 28, 2024
Está iniciativa se presentó por el caso del ex alcalde @adandominguez, quien habría dejado un hoyo… pic.twitter.com/Bp4pHDRXS5
“Los hechos ocurridos durante la gestión de Adán Domínguez Sánchez, en el municipio de Puebla, son un claro ejemplo de la necesidad de sanciones más severas, el compromiso indebido de recursos destinados a ejercicios fiscales futuros generó un déficit financiero de más de 680 millones de pesos, afectando directamente a la administración entrante y, por ende, a la ciudadanía”, refirió.
Enfatizó que es urgente establecer un castigo ejemplar por las malas prácticas en el manejo de recursos públicos.
La diputada precisó que quienes devuelvan en su totalidad los recursos que malgastaron podrán evitar la pena de prisión, pero no la inhabilitación de por vida.
«Este tipo de conductas no solo dañan las finanzas municipales, sino que también erosionan la confianza en las instituciones públicas”, agregó María De la Barreda Angón.
¿Cuáles serían las sanciones de los servidores públicos previstas en la Ley Domínguez?
La iniciativa de Ley Domínguez propone considerar como delito el acto u omisión de un servidor público de comprometer recursos públicos correspondientes a administraciones futuras sin contar con la autorización y justificación debida.
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“Se considerará que hubo dolo cuando se demuestre que el servidor público actuó de manera deliberada y consciente para causar daño al erario; y se calificará como negligencia grave cuando se acredite que el servidor público incurrió en una falta de cuidado extremo que provocó el daño”.
La máxima pena que la Ley Domínguez contempla sería la inhabilitación perpetua, consistente en la privación definitiva del derecho a ocupar cargos, empleos o comisiones en el servicio público.
También habrá sanciones económicas para la restitución del monto total del daño causado al erario y multa equivalente al 50 por ciento del monto de los recursos faltantes.
Lo recaudado por esta multa será destinado a un fondo de reparación del daño patrimonial del Estado.
La Ley Domínguez busca castigar con prisión de 5 a 15 años, dependiendo de la gravedad del daño y el nivel de responsabilidad del servidor público.
Las sanciones penales se descartarán si durante el proceso penal el responsable devuelve de manera íntegra los recursos faltantes.
