El transporte público en el estado de Puebla, enfrenta una encrucijada compleja. De un lado, los concesionarios buscan un incremento en la tarifa, argumentando el alza en los costos de operación. Del otro, la ciudadanía resiente cada ajuste en el precio del pasaje sin ver mejoras significativas en el servicio. En medio de esta disputa, el gobierno estatal busca un equilibrio que garantice movilidad eficiente y asequible sin dejar de lado la necesaria modernización del sector.
En este tenor, los líderes transportistas han desplegado un intenso cabildeo para lograr un nuevo incremento en el costo del pasaje. Su argumento es claro: el mantenimiento de las unidades, el alza en los combustibles y la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los operadores hacen insostenible la tarifa actual.
Sin embargo, cualquier aumento debe ir acompañado de compromisos firmes para mejorar la calidad del servicio, un aspecto que en muchas rutas sigue siendo una deuda pendiente con los usuarios.
En respuesta a esta presión, el gobierno de Alejandro Armenta, ha abierto la posibilidad de apoyos fiscales y esquemas crediticios que permitan a los transportistas migrar a un modelo de movilidad sustentable. La transición hacia unidades eléctricas es un paso clave, no solo para reducir la contaminación, sino también para mejorar la eficiencia del transporte. Sin embargo, esta reconversión tecnológica requiere voluntad del sector y una estrategia bien estructurada que garantice su viabilidad sin afectar a los usuarios.
En este contexto, la labor de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) ha sido fundamental. Bajo la dirección de la maestra Silvia Tanús Osorio, la dependencia ha trabajado en la conciliación de intereses y en la implementación de medidas para mejorar el sistema. Su gestión ha buscado ordenar el sector sin caer en medidas unilaterales, promoviendo un transporte más seguro, accesible y eficiente para todos. Asimismo, Silvia Tanús Osorio destacó la serie de apoyos que el gobernador Alejandro Armenta brinda a transportistas para facilitar el cumplimiento del proceso de regulación, que incluye condonación de multas y recargos y créditos accesibles para adquisición de unidades, así como los requisitos y beneficios de la modernización.
Además, el Congreso del Estado, aprobó en comisiones diversas modificaciones a la Ley de Movilidad para que las funciones de vigilancia queden en la Secretaría de Movilidad. Dentro de estos cambios, se amplió la vida útil de los taxis, pasando de 7 a 10 años, lo que permitirá a los concesionarios optimizar la inversión en sus unidades y garantizar un mejor servicio.
El desafío es claro: encontrar un modelo que beneficie tanto a concesionarios como a usuarios, sin dejar de lado la modernización del sistema. La movilidad es un derecho y, como tal, debe garantizarse con un servicio de calidad, tarifas justas y un compromiso real con el futuro del transporte público en el estado.
Y aquí la gran pregunta… ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
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