Inicia audiencia para definir si ex presidenta de Izúcar, Irene Olea será vinculada a proceso
Este lunes 16 de junio inició la audiencia que definirá si la exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea será vinculada a proceso penal por los delitos de encubrimiento y falsificación de documentos.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó 115 pruebas, entre ellas grabaciones, declaraciones y documentos extraídos en cateos a oficinas del ayuntamiento.
De manera específica, se exhibieron 49 elementos probatorios en su contra, los cuales señalan que habría falsificado documentos para proteger a funcionarios implicados en detenciones arbitrarias, tortura y agresiones sexuales contra periodistas locales durante su administración.
Señalamientos y contexto del caso
La periodista Michelle Hoyos, una de las afectadas, acudió este lunes al Centro de Justicia Penal Federal para seguir el desarrollo de la audiencia.
Declaró a medios que espera que se impongan medidas cautelares severas como prisión preventiva y la prohibición de salir del estado.
“Esperamos que podamos conseguir estas medidas cautelares, que no salga del estado, del país, que no siga lastimando”, expresó. También recordó que seis policías involucrados en el caso siguen prófugos y reiteró el llamado a la FGE para que actúe con firmeza.
La audiencia, originalmente programada para el 9 de junio, fue diferida y retomada este 16 de junio a las 15:00 horas.
La exalcaldesa enfrenta dos carpetas de investigación: una por falsificación de documentos y otra por encubrimiento de hechos violentos cometidos presuntamente por servidores públicos durante su gestión (2021-2024).
Funcionarios procesados y testigos silenciados
Además de Irene Olea, once exfuncionarios de su administración ya fueron vinculados a proceso desde mayo de 2024. Entre ellos se encuentran el síndico municipal y el exdirector de Seguridad Pública. Cinco policías y un juez cívico permanecen bajo prisión preventiva.
El caso cobró mayor notoriedad tras el asesinato de Socorro Barrera Sánchez, trabajadora de Seguridad Pública y testigo protegida de la FGR, quien fue ejecutada en junio de 2024. Su testimonio apuntaba directamente a la posible responsabilidad de Olea en los hechos de violencia contra las periodistas.
Más tarde se espera que el juez determine si la exalcaldesa será vinculada a proceso penal.
