Diputada exhorta a PROFEO y Fiscalía a sancionar a casas de empeño por dar información falsa
La diputada Angélica Alvarado Juárez exhortó a la Profeco y la Fiscalía de Puebla a sancionar casas de empeño por intentar evadir sus obligaciones.
De acuerdo con la legisladora del PT, existe un patrón recurrente de estos establecimientos que no entregan los reportes mensuales obligatorios o lo hacen con información falsa.
Esta omisión, lejos de ser un simple descuido, puede derivar en delitos como el comercio de artículos robados o el lavado de dinero.
Exige sancionar casas de empeño por falsear información
Según la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Norma Oficial NOM-179-SCFI-2007, las casas de empeño están obligadas a presentar reportes mensuales de todas sus operaciones.
No hacerlo o entregar datos falsos está tipificado como delito en el Código Penal del Estado de Puebla, específicamente en su Artículo 254, Fracción III.
Además de violar la ley, esta práctica abre la puerta a una larga lista de riesgos, desde abusos a los usuarios mediante cobros excesivos o fraudes, hasta la recepción de objetos robados como celulares y laptops que terminan en el mercado informal.
Supervisión a medias y consecuencias reales
Aunque estas obligaciones son claras, la diputada acusó que la supervisión por parte de las autoridades ha sido deficiente
Muchas casas de empeño operan en la informalidad, sin que nadie las moleste, ni siquiera cuando hay denuncias en su contra.
El exhorto de Angélica Alvarado Juárez incluye una petición para que PROFECO Puebla revise a fondo qué establecimientos incumplieron con sus reportes durante los últimos 12 meses, y que en los casos más graves se informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar investigaciones formales.
A nivel nacional existen más de 9 mil casas de empeño, muchas con quejas anuales. En Puebla, los municipios con más reportes son la capital, Tehuacán, Huauchinango, Atlixco, Tecamachalco, Teziutlán y Huejotzingo.
Angélica Alvarado Juárez advirtió que permitir estas irregularidades no solo daña a los consumidores, también pone en riesgo la seguridad pública.
