Incluso sectores cercanos a Trump han puesto en duda su legalidad, al considerar que podría vulnerar principios básicos del derecho internacional.
¿Es legal el ataque de Estados Unidos a Venezuela? Esto opinan los expertos
¿Es legal el ataque de Estados Unidos a Venezuela? El presidente Donald Trump, afirmó este sábado que fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una ofensiva “a gran escala” en Venezuela que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
Según Trump, ambos fueron acusados formalmente en Nueva York por delitos relacionados con terrorismo y narcotráfico, y el mandatario estadounidense reiteró su tesis de que el gobierno venezolano opera como una “organización narco-terrorista”.
¿Es legal el ataque de Estados Unidos a Venezuela?
Sin embargo, más allá del impacto político y militar del anuncio, la operación ha abierto un intenso debate jurídico. Incluso sectores cercanos a Trump han puesto en duda su legalidad, al considerar que podría vulnerar principios básicos del derecho internacional.
Consultados por The Guardian, varios especialistas en derecho internacional coincidieron en que la acción de Washington contravendría la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945 con el objetivo de evitar conflictos armados entre Estados.
La justicia avanzará contra los responsables del narcorrégimen. Algunos buscarán asilo; quienes intenten perpetuarse enfrentarán la ley. La prioridad ahora es la reconstrucción democrática de Venezuela. pic.twitter.com/YSoU7dTUTm
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 3, 2026
En particular, señalaron una posible violación del artículo 2(4), que prohíbe el uso de la fuerza militar contra otros países y obliga a respetar su soberanía.
Geoffrey Robertson KC, reconocido jurista y ex presidente del tribunal de crímenes de guerra de la ONU para Sierra Leona, sostuvo que el ataque a Venezuela incumple de forma directa ese precepto.
“Estados Unidos está en violación de la Carta de la ONU. Se trata de un crimen de agresión, considerado en Núremberg como el delito internacional más grave”, afirmó.
En la misma línea, Elvira Domínguez-Redondo, profesora de derecho internacional en la Universidad de Kingston, calificó la operación como un “uso ilegal de la fuerza” y un acto de agresión contra otro Estado.
Susan Breau, profesora de derecho internacional y asociada del Institute of Advanced Legal Studies, subrayó que la acción solo podría considerarse legal si hubiera contado con una resolución del Consejo de Seguridad o si se hubiese dado en legítima defensa.
“No existe evidencia de ninguna de esas dos circunstancias”, remarcó.
La defensa de Washington
Desde la Casa Blanca se anticipa que la administración Trump intentará justificar la ofensiva alegando legítima defensa frente a la supuesta amenaza que representaría la red criminal que, según EE UU, lidera Maduro.
Tanto la legislación estadounidense como la Carta de la ONU contemplan el uso de la fuerza en situaciones de defensa propia.
No obstante, los expertos rechazan ese argumento. Robertson sostuvo que no hay base alguna para sostener que Venezuela representara una amenaza militar inminente contra Estados Unidos.
“La legítima defensa exige una creencia real y honesta de que un ataque es inminente. Nadie ha sugerido que el ejército venezolano estuviera a punto de atacar a EE UU”, afirmó. A su juicio, una intervención destinada a provocar un cambio de régimen es, por definición, ilegal.
Breau añadió que, incluso si se acepta la gravedad del narcotráfico como problema global, sería necesario demostrar que esas actividades ponían en riesgo directo la soberanía estadounidense.
“Ni siquiera está claro que esos traficantes operaran desde Venezuela, y mucho menos que estuvieran bajo el control directo de Maduro”, señaló.
🚨 YA SALIÓ EL PEINE $$$
— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) January 3, 2026
Dice Trump que Estados Unidos va a manejar/gobernar Venezuela (no @MariaCorinaYA, ni @EdmundoGU, ni Guaidó) hasta que ellos lo consideren, así que mientras eso sucede se van a poder robar las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Por favor… pic.twitter.com/jOuWuhGiCQ
Consecuencias y sanciones improbables
En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la facultad de imponer sanciones —como embargos, restricciones comerciales o prohibiciones de viaje— a Estados que alteren la paz internacional.
Sin embargo, Estados Unidos es uno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto, lo que hace poco probable cualquier medida en su contra.
“Un país que viola el derecho internacional puede bloquear su propia condena”, explicó Robertson, quien consideró que esta situación deja al Consejo de Seguridad prácticamente inoperante.
Domínguez-Redondo coincidió en que el sistema queda paralizado: sin consenso en el Consejo, las sanciones no prosperan y los Estados deciden de manera individual si las acatan.
Un precedente peligroso
Los especialistas advierten que la ausencia de consecuencias podría sentar un precedente grave a nivel global. Robertson señaló que otros países podrían verse alentados a actuar de forma similar.
“China podría interpretar este escenario como una oportunidad para avanzar sobre Taiwán, amparada en el precedente que deja la invasión de Venezuela”, afirmó, comparando la situación con la guerra en Ucrania.
Domínguez-Redondo alertó además sobre el debilitamiento progresivo del sistema de seguridad colectiva.
“El Consejo de Seguridad fue concebido como un mecanismo para evitar una tercera guerra mundial. Ese mecanismo se ha ido erosionando”, sostuvo, recordando intervenciones pasadas sin autorización internacional.
La posición de los aliados de EE UU
El primer ministro británico, Keir Starmer, manifestó su intención de comunicarse con Trump y con otros socios para esclarecer los hechos, al tiempo que dejó en claro que el Reino Unido no participó en la operación y que el respeto al derecho internacional debe ser un principio central. Otros países de la OTAN siguen de cerca la evolución de los acontecimientos.
Para Robertson, Londres enfrenta una responsabilidad histórica. “El Reino Unido, como custodio de los principios de Núremberg, debería condenar esta violación del derecho internacional”, afirmó, señalando que los líderes que inician guerras deben asumir la responsabilidad por las consecuencias humanas y materiales que generan.
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