De acuerdo con fuentes de la fiscalía, citadas por medios nacionales, las acusaciones están relacionadas con los hechos ocurridos en la comunidad indígena de Arantepacua, ubicada en el municipio de Nahuatzen
Giran orden de aprehensión contra Silvano Aureoles y 15 más por abuso de autoridad, tortura y homicidio calificado
Giran orden de aprehensión contra Silvano Aureoles. La Fiscalía General de Justicia de Michoacán obtuvo órdenes de aprehensión contra el exgobernador, su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez y 14 policías estatales, señalados por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, tortura y homicidio calificado.
De acuerdo con fuentes de la fiscalía, citadas por medios nacionales, las acusaciones están relacionadas con los hechos ocurridos en la comunidad indígena de Arantepacua, ubicada en el municipio de Nahuatzen, donde un operativo de seguridad dejó cuatro personas fallecidas y al menos diez habitantes lesionados.
Fiscalía presenta pruebas ante juez
La investigación fue presentada por la Fiscalía General del Estado, encabezada por Carlos Torres Piña, quien integró las pruebas necesarias para que un juez autorizara los mandamientos judiciales contra el exmandatario, el exfuncionario estatal y los elementos policiales presuntamente implicados.
Además de las órdenes dirigidas a los exservidores públicos, el juez también autorizó la captura de 14 agentes estatales que habrían participado en el operativo realizado el 5 de abril de 2017.
🚨 Un juez concedió 16 órdenes de captura por la masacre de Arantepacua, entre ellas contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y su exsecretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona.
— Azucena Uresti (@azucenau) March 27, 2026
Los delitos señalados son homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura. También… pic.twitter.com/CAaTAb1lKf
Un caso que marcó a la comunidad de Arantepacua
En 2026 se cumplen nueve años de los acontecimientos registrados en Arantepacua, comunidad donde la intervención policial derivó en un saldo trágico.
Según reportes oficiales y antecedentes del caso, el conflicto comenzó de forma pública por la retención de vehículos pertenecientes a empresas privadas.
No obstante, detrás del incidente existía una disputa territorial por el control de zonas boscosas entre comuneros de Arantepacua y habitantes de la comunidad de Capacuaro.
Antes del operativo ya se habían reportado enfrentamientos y detenciones entre pobladores de ambas localidades, lo que incrementó la tensión en la región.
Durante la madrugada del 5 de abril de 2017, fuerzas de seguridad ingresaron a la comunidad.
De acuerdo con una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el operativo dejó cuatro presuntas ejecuciones extrajudiciales, al menos diez personas que denunciaron tortura y un total de 38 detenciones consideradas arbitrarias.
Las autoridades estatales continúan con el proceso judicial para ubicar a los señalados y dar seguimiento al caso, uno de los episodios más polémicos en materia de seguridad en Michoacán durante la última década.
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