Las modificaciones a la Ley de Obra Pública en Puebla buscan que las empresas entreguen información completa para poder realizar trabajos en el estado.
Armenta manda reforma para que Secretaría Anticorrupción ponga reglas a empresas que quieran hacer obra pública en Puebla
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno calificará a las empresas que quieren construir obra pública en Puebla e impondrán sanciones a quienes den información falsa.
El gobernador Alejandro Armenta Mier mandó al Congreso del Estado reformas a la Ley de Obra Pública del Estado.
El coordinador de gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, envió la iniciativa de Armenta en la última sesión ordinaria del Pleno.
#EnVideo Manda @JLG_PARRA al @CongresoPue reformas al decreto de creación de la Universidad de la Salud y a la Ley de Obra Pública y Servicios del Estado@Osva_Valencia pic.twitter.com/8eQNip7Cst
— Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) July 9, 2026
El objetivo de la reforma es dejar en claro qué dependencia debe revisar y aprobar a las empresas o personas interesadas en construir obra pública en Puebla, como carreteras, escuelas u hospitales.
Armenta envía reforma sobre obra pública en Puebla
En las consideraciones se señala que la ley actual no especifica con precisión qué autoridad debe encargarse de este proceso, lo que genera confusión.
Por ello, se propone que sea la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y su equivalente en cada municipio, sea la encargada.
Esta dependencia establecerá los requisitos que deben cumplir las empresas para poder participar en contratos de obra pública en Puebla, como comprobar solvencia económica, experiencia y buena reputación.
Los cambios para las empresas que quieran hacer obra pública en Puebla
La iniciativa de reforma del gobernador del estado contempla varios ajustes al proceso de calificación de contratistas.
Entre las modificaciones para las empresas que quieran hacer obra pública en Puebla se encuentra:
Si una empresa entrega una solicitud confusa o con datos faltantes, la Secretaría podrá pedirle que la corrija en un plazo de cinco días hábiles. Si no lo hace, la solicitud se dará por no presentada.
La dependencia tendrá la facultad de comprobar que la información entregada por las empresas sea verdadera.
Si se detecta que una empresa proporcionó datos que no coinciden con lo verificado, se le negará la calificación, revalidación o ampliación de especialidades.
El caso se turnará a las autoridades correspondientes para que apliquen las sanciones que procedan, y la empresa no podrá participar en nuevos procesos mientras no se resuelva su situación.
La reforma entraría en vigor un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendría 60 días naturales para definir los requisitos específicos que deberán cumplir las empresas.
El gobernador contaría con 120 días naturales para actualizar el reglamento interno de la dependencia conforme a los nuevos cambios.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Infraestructura y Comunicaciones para su estudio y dictaminación respectiva.
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