Esteban López / @Estevanz01

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño patrimonial de 1 mil 008 millones pesos por diversas irregularidades en la Secretaría de Salud, durante el gobierno interino.

Este día, la ASF publicó el segundo informe de auditorías correspondiente a la revisión de la cuenta pública 2019 del gobierno de Puebla. La primera entrega se desconoce pues por la pandemia del COVID-19, no fue transparentada.

En el caso de Puebla, hay 14 informes individuales, pero de ellos, solamente en tres es donde el órgano fiscalizador detectó irregularidades, específicamente en la Secretaría de Salud.

En el resto de revisiones a los fondos federales, participaciones, escuelas al CIEN, la ASF consideró que hubo buen manejo de los recursos.

Hay que recordar que en 2019, Pacheco Pulido fue gobernador interino de enero a julio, el resto de meses le correspondieron a Miguel Barbosa, quien acusó al primero de haberlo dejado solo con 600 millones de pesos de libre asignación.

Las irregularidades en el interinato de Pacheco Pulido 

En el caso de las irregularidades detectadas, la ASF detectó que la Secretaría de Salud hizo pagos de más, pero el caso más escandaloso fue en la subrogación de medicamentos por un monto de 225 millones de pesos y en arrendamientos por 421 millones de pesos.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 225,121,135.03 pesos (doscientos veinticinco millones ciento veintiún mil ciento treinta y cinco pesos 03/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por destinar más del 5.0% para la subrogación de medicamentos, en incumplimiento del Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Puebla, apartado B, numeral 2”, se lee en el documento.

También detectaron que la dependencia en ese entonces a cargo de Lucia Ojeda Lara presentó documentos en los que las cantidades no coincidían con el presupuesto que debía ejercerse, pagos a personal que no cumplía con el perfil con el que estaba registrado, la contratación de 189 trabajadores que no comprobaron su relación laboral.

El pago a un trabajador que no existe por 275 mil pesos, así como la contratación de una empresa que presentó documentación falsa.

Además, la Secretaría de Salud no ejerció recursos etiquetados y hubo falta de pagos a trabajadores afiliados al extinto Seguro Popular.