Ahora que los regidores de Morena en el Cabildo de la ciudad de Puebla, comandados por el pillo Leobardo Rodríguez, han perdido la memoria y sufren de amnesia selectiva al olvidar que durante la incompetente gestión de Claudia Rivera Vivanco se cobró el Derecho de Alumbrado Público, no está de más recordarles una de las muchas triquiñuelas que se cometieron en la pasada administración municipal.
En el marco de la presentación del Proyecto del Rediseño del Servicio Público y la Firma del Convenio de Colaboración entre el Estado y el Ayuntamiento de Puebla, una declaración hecha por Lupita Arrubarrena, actual síndica de la Comuna capitalina, pasó desapercibida para muchos, pero no para los verdaderos remitentes.
Y es que, Arrubarrena García dio detalles de un problema, de los muchos heredados por Rivera Vivanco, bastante grave para las finanzas de la Angelópolis fueron los más de 3 mil 500 juicios que el Ayuntamiento mantiene vigentes en su contra y que se vienen arrastrando desde anteriores administraciones.
“Tenemos en la Sindicatura Municipal tres mil 500 juicios aproximadamente, entonces estamos tratando de ver a cuáles podemos llegar a arreglos sobre todo a aquellos de trabajadores que no se les han pagado laudos por años”, fueron las palabras precisas de la síndica poblana.
En su momento, Martha Ornelas, entonces regidora durante el gobierno de Rivera Vivanco y hoy secretaria estatal de Turismo, fue de las principales personas en poner énfasis con lo que sucedía en la Sindicatura claudista, encabezada por el infame Gonzalo Castillo.
Desde ese entonces, Ornelas Guerrero tenía ya bien identificadas todas las transas que se cometieron en la dependencia a cargo de Castillo Pérez, quien fue otro de los señalados por acoso sexual y hostigamiento de sus subordinadas.
El ímpetu de la secretaria de Turismo le provocó un fuerte asedio, amenazas y hasta violencia política en razón de género por parte de Claudia Rivera y su séquito de hampones.
El llamado “abogado del pueblo” se convirtió en el “abogado de diablo”.
La historia es la siguiente.
Gonzalo Castillo, en contubernio con Claudia Rivera y con el impresentable Andrés García Viveros, quien era el encargado de recibir todo el dinero en cash de los indecibles negocios al amparo del poder, perdía a propósito las demandas más cuantiosas presentadas en contra del Ayuntamiento de Puebla durante la era de la edil morenista o en pasadas administraciones.
El síndico municipal en lugar de velar por los intereses de la Comuna capitalina jugaba a favor de los demandantes a cambio de que el 50% de la indemnización fuera regresada en efectivo al ignominioso trio antes mencionado.
El negocio era redondo.
Dinero en efectivo libre de paja sin ser reportado ante el SAT y que no salía de sus bolsillos, sino del de todos los poblanos.
El caso más representativo fue el inverosímil dictamen presentado ante el Cabildo, que fue aprobado por mayoría de votos por parte de los regidores afines a Claudia Rivera, que obligaba al pago de 18.2 millones de pesos como indemnización por la expropiación irregular de un predio en San Francisco Totimehuacan a Roberto Galland Sánchez, por parte del Ayuntamiento en la administración del entonces alcalde Luis Paredes Moctezuma.
La discusión durante esa infame sesión fue bastante representativa para estos días.
«Son dos temas, creo se debe agotar como tal, lo dije, prever con la Comisión de Hacienda, los casos de juicios pendientes y que no suceda lo que, en este momento, y cuáles son los casos que se podrían perder como tal importantes del municipio para que no haya sorpresas», sentenció al respecto la regidora Libertad Aguirre Junco.
Incluso, el entonces tesorero Armando Morales, quien renunció al final del trienio de Claudia Rivera al no prestar a los desfalcos de la impresentable exalcaldesa, reconoció que el gobierno municipal no contaba con los recursos suficientes para cubrir dicho pago, pues la bolsa para los laudos no era bastante escasa.
Sin embargo, el jugoso negocio ya estaba acordado por parte del gansteril Gonzalo Castillo.
Por eso es que ahora resulta increíble que los actuales regidores de Morena se digan del lado de la economía de los poblanos cuando en el pasado reciente se dedicaron únicamente a sangrar las arcas de la Angelópolis.
Todo se convirtió en un modelo de negocios operado por un verdadero Cártel del Crimen Organizado.
El Cártel de los Vivanco, pues.
¿Cuántos de esos 3 mil 500 juicio habrá apalabrado y negociado Castillo Pérez?
¿Cuáles eran las millonarias ganancias que les iba a dejar a Claudia Rivera, García Viveros y el resto de marginales que llevaron a la ruina a la Ciudad de Puebla?
Bien haría Lupita Arrubarrena en investigar este modus operandi y llevar ante la justicia a los responsables de este entramado.
Tantita memoria y dignidad, regidores claudistas.
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