La nueva forma de ejercer y controlar el poder en Puebla está alejada de la rentabilidad electoral y de los costos políticos.
Mucho menos tienen cabida los acuerdos económicos.
Muy pocos gobernadores, en el pasado reciente, eran capaces de perseguir a sus propios excolaboradores o cercanos a pesar de demostrarse sus actos de corrupción, desvío de recursos públicos, abusos de autoridad y otros delitos cometidos contra el Ejecutivo local.
La simulación y las amenazas a cambio de capitales políticos y financiamientos en efectivo para los tiempos de campañas electorales, eran las monedas de cambio con las que se negociaba la impunidad de los corruptos durante los sexenios anteriores.
Sin importar que las irregularidades incluso trascendieran o fueran filtradas a los medios de comunicación, los últimos tres mandatarios poblanos, Mario Marín, Rafael Moreno Valle y Tony Gali, se atrevieron a perseguir a sus secretarios y a lo más que se llegaba era a sus ceses, pero jamás trascendían a la esfera judicial.
Casos para dibujar estos indecibles pactos sobran.
En el marinismo fueron perdonados de actos de corrupción Alfredo Arango, en la secretaría de Salud; Javier García Ramírez, en Obra Pública; Alejandro Armenta, en Desarrollo Social y hasta Adolfo Karam, en la extinta Policía Judicial.
Durante el oscuro régimen de Moreno Valle los acuerdos fueron aún más cínicos y la justicia fue solamente simulación y un instrumento para castigar a los opositores. Los casos de Jorge Aguilar Chedraui y el desfalco de 300 millones de pesos en la SSA; el de Pablo Rodríguez Regordosa y la especulación de las tierras en San José Chiapa; el de Marcelo García Almaguer y sus aviadores en Puebla Comunicaciones y en Comunicación Social, son bastantes representativos.
Sobra decir que la lista de los morenovallistas redimidos es más robusta.
A pesar de ser unos corruptos contumaces, el siniestro Rafael jamás quiso correr el costo político de denunciar a sus exsecretarios para no dañar su imagen ni su fallido proyecto presidencial que jamás levantó el vuelo ante sus carencias y poco alcance nacional.
El fallecido priista también se convirtió en un experto de exonerar a pillos a cambio de alianzas electorales o financiamientos para sus candidatos. Ahí están José Juan Espinosa, Darío Carmona, Noé Peñaloza, Julio Lorenzini o Enrique Doger.
Hoy, el tablero de la geopolítica en Puebla es diferente.
Como lo mencioné en mi columna del pasado lunes, el Estado de Derecho quedó reinstaurado en Puebla.
La ley ni las instituciones públicas, aunque las plumas adictas a los dulces y los voceros de los cada vez menos integrantes de la Banda de los Conejos opinen lo contrario, son instrumentos para perseguir a políticos o antagonistas.
La cruzada contra la corrupción del gobernador Miguel Barbosa es impecable, ya sea para los que fueron de casa o para los ajenos.
La detención de Guillermo Aréchiga durante las últimas horas del lunes dejó una vez más claro que en Puebla quién las hace, las paga.
Y es que, Aréchiga Santamaría, aunque fue secretario del gabinete de Barbosa Huerta, fue denunciado por el propio gobierno del estado por actos de corrupción cometidos a su paso por la Secretaría del Transporte al vender concesiones de manera ilegal.
El gobernador Barbosa no se detuvo a pensar en el costo político de reconocer que en su administración se cometieron actos de corrupción, pues es más importante que estos tengan su castigo sin importar los cálculos electorales.
Lo mismo sucedió con el impresentable Francisco Romero, con Felipe Patjane y con las investigaciones y denuncias presentadas contra varios excolaboradores que iniciaron en el gobierno barbosista en agosto de 2019, como Fernando Manzanilla o David Méndez.
La cruzada contra la corrupción tampoco tuvo exenciones para ajenos al organigrama estatal como Eukid Castañón, Alejandro Santizo, Alfonso Esparza, Xabier Albizuri, Eduardo Tovilla, Jorge Benito Cruz, Luis Ernesto Derbez, Fernando Crisanto o Tony Gali.
De hecho, una frase dicha por el gobernador Miguel Barbosa quedó rondando en el aire como una espesa nube negra que amenaza a los corruptos del pasado.
“Aquí no hay un manto protector. El gobernador no se vincula con nadie en ningún acto irregular ni recibe canonjías de nadie, ni de ningún área gubernamental (…) Las denuncias que tenemos presentadas son por irregularidades cometidas por servidores públicos de gobiernos anteriores, a los niveles más altos, de la Ga a la G. Todos están metidos. Mi obligación es que se aplique la ley”.
El mensaje es bastante claro.
¿Quién será el próximo en caer?
¿Gali?
¿García Viveros?
¿Sánchez Galindo?
La corrupción en Puebla se escribe con “G”.
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