Elección del Poder Judicial exhibe deficiencia de partidos
La reciente elección del Poder Judicial puso en evidencia las deficiencias del sistema de partidos políticos en México. Varios de los candidatos obtuvieron más votos que las fuerzas políticas registrados ante los institutos electorales.
En nuestro país, la democracia se financia con recursos públicos. Los partidos políticos reciben dinero del erario para sus actividades ordinarias, y los montos asignados dependen de la votación que obtienen en cada elección.
Los detractores de esta elección argumentarán que fue gracias a Morena y su capacidad de movilización que los candidatos alcanzaron esos niveles de apoyo. Sin embargo, ese mismo argumento refleja lo obsoleto que se ha vuelto el sistema de partidos.
Si un solo partido logra movilizar más ciudadanos que todos sus competidores juntos, ¿para qué seguir sosteniendo a marcas políticas que apenas sobreviven elección tras elección, con lo mínimo indispensable para asegurar financiamiento público?
En 2025, el Instituto Nacional Electoral asignó más de 7 mil millones de pesos a los partidos políticos. A esta cifra hay que sumarle lo que reciben en cada entidad federativa donde conservan registro. En Puebla, por ejemplo, nueve partidos recibirán en conjunto más de 354 millones de pesos durante el año.
Los datos de la elección del Poder Judicial revelan que Hugo Aguilar y Lenia Batres, ahora ministros electos, obtuvieron más de 400 mil votos en Puebla, superando a ocho partidos políticos en la elección local del año pasado: PRI, PT, Partido Verde, PSI, Nueva Alianza, Fuerza por México, Movimiento Ciudadano y el PRD.
Esta elección confirmó lo que muchos ya sabían: varios partidos políticos se han convertido en parásitos que solo subsisten gracias al financiamiento público.
Con miras a la elección de 2027, confiamos en que al menos tres de los partidos que actualmente operan en Puebla no logren alcanzar el umbral del 3 % de la votación. Sería un paso para dejar de financiar a líderes partidistas que solo viven de las prerrogativas, sin ofrecer una representación real a la ciudadanía.
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