Como pocas veces ocurre en la política mexicana, la Cámara de Diputados se erigió en Jurado de Procedencia y juzgó las acciones de uno de los suyos.
De un lado, la parte acusadora representada por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, presentando su caso, detallando los pormenores que sustentan su acusación contra un miembro de la Cámara Baja.
Por la parte de la defensa, tres abogados con rostro compungido, jugando una estrategia que ni siquiera entró al centro del asunto y cuyo único alegato fue que a Saúl Huerta se le ha negado el derecho a un juicio justo, debido a la sobrexposición a los medios de comunicación donde se le juzga y se le sentencia «a priori».
Pero lo que se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados no es un juicio oral ni un procedimiento penal o civil contra un integrante de los tres poderes -que en todo caso debe ser considerado inocente hasta que se le demuestre lo contrario -sino un proceso de desafuero, es decir, que la parte acusadora solicitó a los legisladores retirar al acusado el manto de protección que le otorgaba el fuero legal.
Para demostrar su acusación, ahora la Fiscalía deberá solicitar a un tercer poder del Estado, el Judicial, que llame a comparecer al presunto responsable y, de ser necesario puede ordenar que se le prive de su libertad mientras se le comprueban los cargos.
Las acusaciones contra Saúl Huerta constituyen un hito en la historia de nuestro país. A regañadientes y debido a factores como la contundencia de los actos en los que el exdiputado fue sorprendido, la sensibilidad del tema y la coyuntura en la que éste se desenvuelve, la Cámara de Diputados desaforó a un servidor público que está acusado de violar a un menor.
Por supuesto que el tema no es nuevo y precisamente por eso es que la presión social era inmensa: recientes tenemos aún las palabras de Mario Marín y Kamel Nacif, hablando de cómo castigar a la periodista que reveló la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que participaban políticos encumbrados.
Aún corre ante nuestras miradas, la persecución de la que ha sido objeto Lydia Cacho desde que alzó la voz contra la pederastia, que la llevó incluso a tener que vivir en el extranjero.
Por eso no se debe dejar de dimensionar lo de este miércoles, pese a todas las tardanzas. Pese a todas las reticencias.Una página sombría pero muy importante se escribió ayer en la Cámara de Diputados: ¡se le retiró el fuero a un presunto violador de menores!
Saúl Huerta iba a quedar susceptible de ser aprehendido por la Fiscalía capitalina a partir del primero de septiembre de todos modos, pero para la Cámara de Diputados -y en especial para la 4T -era importante que el legislador dejara de contar con el fuero antes de que terminara la legislatura.
A partir de ahora, otros engranes son lo que deberán moverse en la maquinaria del Estado para que el originario de Totimehuacán sea detenido y sometido a un juicio en el que probablemente será encontrado culpable. Así lo demandan los tiempos en los que vivimos.
