Es una lástima que el gobernador que más obstáculos ha superado para llegar a Casa Aguayo, sea justamente al que le estalló la crisis del coronavirus y la subsecuente carestía, lo que sumado al deterioro de su salud, ponga a Luis Miguel Barbosa Huerta en el momento estelar de su carrera política pero también con muchos impedimentos para hacer brillar los talentos de los que es poseedor.
Miguel Barbosa llegó al poder un año después del tsunami que pintó de guinda varios estados del país así como la presidencia de la república, debido a la maniobra de Estado, nunca antes vista en Puebla, que ejerció el morenovallismo durante la elección de 2018. El objetivo era permanecer «a como diera lugar» en la gubernatura de la entidad y ahora sabemos por qué: estaban en juego no sólo un modelo económico bastante rentable para ese grupo en el poder, sino también la plataforma para eventualmente catapultar al exgobernador Rafael Moreno Valle hacia «la grande».
A ese aparato de gobierno se enfrentó Miguel. La forma en la que quisieron «aplastarlo» se cimentó en gran parte en el racismo y la discriminación, el clacismo arraigado en grandes sectores de la sociedad angelopolitana principalmente. Y circularon en redes memes y fotografías con epítetos de todo nivel en contra del entonces candidato.
Muchos de ellos prevalecen hasta nuestros días y demuestran la situación de división en la que quedó fragmentada la entidad.
Después de la inesperada muerte de los exgobernadores panistas (un capítulo pendiente de resolver en el estado, y sólo el tiempo podrá aclarar un poco qué fue lo que sucedió la tarde de ese 24 de diciembre), Miguel Barbosa se tuvo que enfrentar ahora a uno de los sectores más deleznables de su propio partido, que quisieron arrebatarle la candidatura que por cortesía política le correspondía, y en deferencia a la lucha postelectoral que libró prácticamente solo en contra del morenovallismo desde los tribunales.
Cuando por fin llegó al poder; cuando finalmente conquistó el espacio por el que tanto había luchado primero desde su militancia en el PRD, luego desde MORENA, y en contra de uno de los grupos políticos más gandallas que han existido en nuestro país en los últimos tiempos, apareció el coronavirus.
Miguel Barbosa tenía apenas ocho meses en el gobierno cuando se reportaron los primeros casos de COVID en nuestra entidad y el mundo permanece paralizado, sacudido, mermado desde entonces.
Los ciudadanos de este país anhelamos desde 2020 regresar a una vida con «normalidad», aunque hemos aprendido que las actividades como las conocíamos antes del Sars-CoV-2 tardarán mucho en regresar o definitivamente no volverán nunca.
La pandemia ha trastocado todas las dinámicas de nuestro devenir como seres humanos en esta segunda década del siglo XXI y el quehacer gubernamental no es una excepción desde luego. Poco a poco, el gobierno de Barbosa ha sabido superarse de sus propios negativos y el gobernador ha aprendido también a nivelar su relación con los medios de comunicación, a mesurar sus dichos y a tomar el control de todas las instituciones públicas gubernamentales de la entidad.
Que no quede duda a nadie: Barbosa es «el líder político de Puebla», y así lo refrendó en las pasadas elecciones a consejeros estatales de MORENA, donde el colmillo de quien fue presidente del Senado se hizo notar.
Quedan sin embargo algunos grandes pendientes en este primer gobierno de izquierda de nuestro estado y uno sin duda alguna es la seguridad. El propio gobernador lo advirtió a principios de año: este sería un 2022 violento. Las definiciones de cara a la renovación de los poderes públicos en la entidad pasan forzosamente por una nueva apuesta en el combate a la delincuencia. Quien quiera ser gobernador o gobernadora deberá ofrecer a los poblanos una propuesta sólida para poner un coto al incesante avance de la criminalidad en el territorio.
A partir de este momento, Barbosa deberá consolidar su proyecto de gobierno y prepararse para lo que en términos prácticos ya inició desde hace meses: su propia sucesión en la silla del gobierno poblano.
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