Por: Gerardo Ruiz / @GerardoRuizInc
Bajo advertencia no hay engaño.
El gobernador Miguel Barbosa acabó con la mezquina práctica de negociar la justicia para canjearla por réditos electorales tan acostumbrada durante el oscuro régimen de Rafael Moreno Valle.
El ex mandatario priista, quien alquiló la franquicia del PAN durante una década, fue experto en corromper al sistema de impartición y administración de justicia en Puebla, pues uno de sus principios fue el de “perdonar” a todos aquellos pillos de cuello blanco que le fueran útiles durante los procesos electorales en turno a pesar de los delitos cometidos.
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Muchos fueron los hombres y mujeres del círculo detenidos durante las tres administraciones del siniestro Moreno Valle, pero la mayoría, con contadas excepciones, fueron presos políticos, quienes se negaron a doblegarse ante el tirano.
La gran mayoría prefirió alinearse y rendirse a los pies del fallecido en el “helicopterazo de Coronango”, del 24 de diciembre del 2018.
Ejemplos hay muchos.
Cómo olvidar cuando Moreno Valle, en su toma de posesión como gobernador del estado en el 2010, juró que perseguiría la corrupción de Mario Marín y de sus colaboradores.
La promesa se quedó en el aire.
Y es que, para el ignominioso régimen morenovallista, “el góber precioso” valía más libre que preso, pues su repudiada imagen resultaba bastante atractiva en temporada de elecciones, ya que, al tener en las calles a Marín Torres se podía señalar directamente al origen de la corrupción de los gobiernos priistas.
Pruebas del desfalco al erario, quebranto de arcas y desvío de recursos públicos no faltaban, pero Moreno Valle prefirió irse por algunos peces pequeños como Alfredo Arango, quien fue liberado al tiempo, y por Javier García Ramírez, quien jamás fue detenido y a la fecha sigue en libertad a pesar de la orden de aprehensión girada y vigente.
Lo mismo sucedió con un sinnúmero de alcaldes que cohabitaron en los 9 años que duró el régimen de Moreno Valle.
Así, Carlos Sánchez, José Juan Espinosa, Dolores Parra, Noé Peñaloza, Rafael Guzmán, Juan Navarro, Álvaro Alatriste, Eliseo Braulio Zayas Jaén, Carlos Gordillo Ramírez, por mencionar algunos de una larga lista, tuvieron que doblar las manos frente al garrote político en el que se convirtió la Auditoría Superior del Estado, la Comisión Inspectora, y la propia Procuraduría General de Justicia de Puebla, hoy Fiscalía del Estado.
Ver: Primera encuesta de campañas: Morena está muerto en la capital
A pesar de la corrupción y el descarado robo de recursos públicos, ningún edil piso la cárcel en la era morenovallista, ya que, todo poseían estructuras territoriales y de promoción del voto bastante apetecible para el siniestro Rafael, quien antes de hacer justicia, siempre prefirió mantener el poder a costa de lo que fuese.
Hoy, los tiempos son diferentes.
Se equivocan quienes aseguran que el gobernador Barbosa “engaña con la verdad”.
De hecho, Barbosa Huerta, a diferencia de sus antecesores, no se anda con rodeos ni muchos menos necesita de acuerdos mezquinos para aferrarse al poder, pues como ya bien lo afirmó: yo decidí trascender transformando el poder.
Un poder que fue corrompido por el siniestro Moreno Valle y por todos sus siervos, que ahora ven su suerte tras años de dañar a Puebla como nunca antes.
En una de sus recientes mañaneras, el mandatario poblano fue claro al asegurar que los exalcaldes formaron parte del modelo de negocios en el que se convirtió el gobierno y que fueron “conspiradores de delitos, que se asociaba con los gobiernos que les otorgaba contratos de servicios y obras inexistentes”.
El modelo de las empresas factureras con el que operaban estos hampones, que encabezaba Moreno Valle, todos los conocemos.
La Auditoría Superior del Estado, a cargo del auditor de hierro Francisco Romero, tiene bien documentado la ruta con la que el gobierno morenovallista y sus alcaldes cómplices de diferentes partidos vaciaron las arcas del estado y de sus municipios.
La política de tolerancia cero a la corrupción del barbosismo aplica para propios y extraños. Ahí está el caso de Felipe Patjane, de Tehuacán.
Y aunque la oposición marginal asegure que las detenciones de Leoncio Paisano y Luis Cobos se trata de una persecución política con fines electorales, la realidad es que las investigaciones de la FGE no pueden demeritarse tan fácil ni tampoco se puede defender así a un impresentable como lo es el ex alcalde panista de San Andrés Cholula.
Vaya martes 13 de mala suerte para el infame edil cholulteca.
Desde agosto de 2019, la justicia dejó de negociarse en Puebla.
Así que cuando veas las barbas de tu Paisano cortar, José Juan Espinosa, pon las tuyas a remojar.