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El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Ingrid con la cual se castigará de dos a seis años de prisión a los servidores públicos que de forma indebida difunda información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal.
“Se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.
También se precisa que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
Esta ley, lleva el nombre de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años, originaria de Juan Galindo Puebla, quien fue asesinada en febrero de 2020 por Erick Francisco, de 46 años y aunque el feminicida fue detenido, un policía capitalino, filtró fotografías del su cuerpo mutilado y sin piel.
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