“Hablé con el subdirector del turno, hasta las 18: 00 horas se les va a dar chance de retirar el cuerpo. Si no, se va a proceder con el ministerio público”.
José Eduardo Torres, de 32 años, recibió este ultimátum a través de una llamada de una empleada de Trabajo Social del Hospital Siglo XXI. Habían pasado doce horas desde el fallecimiento de su madre, Irma Cancino Cárdenas, de 65. Tanto durante sus 40 días de hospitalización como en el momento de morir, la mujer sufrió las consecuencias del impacto que el COVID-19 ha tenido en el IMSS.
En vida, porque se redujo el número de doctores para la atención a los pacientes debido a que el sistema ha tenido que reconvertirse para hacer frente a la pandemia. En la muerte, porque las funerarias están saturadas ya que no hay hornos crematorios a los que llevar a los fallecidos.
Irma Cancino Cárdenas murió a las 3:28 horas del jueves 30 de abril. A las 15;45, sus hijos seguían buscando una funeraria que se hiciera cargo del cuerpo.
La mujer es originaria de Tuxtla-Chico, en Chiapas, y hasta allí quieren llevarla para su último descanso. Para ello, antes debían cremarla, pero se encontraron con uno de los efectos de la pandemia de coronavirus: los hornos en los que se incineran a las personas fallecidas en Ciudad de México están colapsados. Por eso las funerarias no pueden comprometerse a recoger los cadáveres.
“Hablamos a siete, ocho funerarias. Nos decían que hasta el domingo, hasta el lunes”, explica Torres, de 32 años. Los precios que pedían oscilaban entre los 32 mil pesos y los 16 mil. Pero la clave era el tiempo. No disponían de tanto. Si la funeraria no llegaba hasta el lunes eso implicaba dejar el cuerpo en el hospital hasta entonces. Y no era posible.
Doce horas después del fallecimiento de su madre, cuenta Torres que recibió la llamada de la trabajadora social en la que le amenazaba con deshacerse del cuerpo a través del Ministerio Público.
Animal Político quiso saber la versión del IMSS, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
Según fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, “el ministerio público no tiene competencia para intervenir en un caso relacionado con el deceso de una persona por causas naturales en un hospital, a menos que se denuncie algún delito”.
La situación era desesperada. Al shock del fallecimiento de su madre y el agotamiento de más de un mes acompañándola en el hospital se le unió el ultimátum.
“Estábamos con mucha presión. Por suerte nos topamos con un chico que estaba recogiendo otro cuerpo, nos dio los datos y la pudimos sacar”, explica.
El calvario de la familia no terminó ahí. El cuerpo había sido trasladado al área de patología y no permitieron que ninguno de sus hijos se acercara para identificarlo. “Solo permitieron que un trabajador de la funeraria le sacara una foto. Nos dijeron que ahí también había cuerpos de personas que habían muerto por COVID-19, por lo que no podíamos entrar”, explica.
“Estamos llegando ahora sí al borde del colapso. Desde hace tres días los crematorios se saturaron y nosotros no podemos recoger un cuerpo sino hay donde incinerarlo. No tenemos bodegas donde retenerlos y tampoco eso es lo recomendable”, dijo David Vélez, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de CDMX, organización que agrupa a más de 450 funerarias.
En entrevista con Animal Político, Vélez explicó que en la ciudad hay 22 hornos crematorios. De esos 16 son particulares y pertenecen a las grandes cadenas funerarias, mientras que los seis restantes son del gobierno local, y están ubicados en las alcaldías de Cuajimalpa, Xochimilco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan.
Los seis hornos de la ciudad son utilizados por el resto de las funerarias para cremar cuerpos. En condiciones normales estos son suficientes, sin embargo, con el crecimiento de la pandemia y la demanda de cremaciones esta infraestructura ha quedado rebasada.
Hospital con menos recursos
La historia de Irma Cancino Cárdenas ilustra cómo el coronavirus dinamita un sistema sanitario ya de por sí precario.
La mujer trabajó durante muchos años en Diconsa, hasta que tuvo que dejar el empleo para cuidar a sus hijos, ya que uno había caído enfermo. Además, fue artesana y hacía un chocolate que llegó a moverse por toda la República. En octubre de 2019 recibió la peor noticia: tenía un cáncer renal que se le había extendido por la vena cava. No fue hasta finales marzo que pudo ser operada por un equipo mixto de Cardiología y Urología. La metástasis ya se había exendido.
Cuenta Torres que no daban muchas esperanzas a su madre, pero que salió de la cirugía. Era una mujer fuerte y se aferraba a la vida.
El 1 de abril fue trasladada a Urología. Ese día, la secretaría de Salud registraba mil 378 contagios y 37 víctimas mortales por COVID-19.
Después de 30 días, cuando Cancina Cárdenas falleció, los contagios alcanzaban los 19 mil 224 y los fallecidos llegaban a mil 859.
Torres se queja del trato sufrido en Urología. “El coronavirus disminuyó la plantilla, porque no llegan todos los médicos”, explica. Dice que en un mes pasaron de seis residentes a dos. Que, al final, eran estudiantes los que pasaban la noche en una planta con una veintena de pacientes graves. Relata diversos momentos en los que su madre entró en crisis y no había nadie para atenderla.
Preocupado por la falta de atención, Torres hizo pública una carta en la que denunciaba el estado del hospital. Pero eso no gustó a los doctores y uno de ellos lo reunió junto a su hermana echándole en cara que denostase su labor.
A partir de entonces, dice, la atención mejoró. Aunque las condiciones del centro médico no eran buenas debido a la pandemia. “No había un protocolo de seguridad para el COVID-19”, explica. En principio, ahí no debería haber enfermos con coronavirus, pero distintos médicos consultados por Animal Político coinciden en la imposibilidad de separar totalmente pacientes positivos y negativos.
Hornos colapsados
“Antes de la pandemia el 60 por ciento de los servicios funerarios eran de cremación y el 40 por ciento de inhumación. Pero ahora el 98 por ciento de los casos son de cremación y con la fase 3 (de la epidemia) esto se ha vuelto inmanejable. Tan solo en las últimas 24 horas recibimos unos 120 muertos de COVID o posible COVID y no hay forma de manejar esas cantidades” dijo Vélez.
Cabe recordar que, por recomendación de los servicios de salud de la Ciudad, las funerarias deben dar un manejo como casos de COVID-19 no solo a los decesos que tengan una confirmación en el certificado de defunción, sino a todos los que sean sospechosos e incluso a aquellos donde la causa de muerte sea neumonía. Ello implica un manejo con cuidados sanitarios estrictos del cadáver, y priorizar la incineración de los restos.
Pero esto ha provocado que las funerarias de la capital estén pidiendo a las personas esperar un mínimo de 24 horas para que la cremación pueda llevarse a cabo, pues es el tiempo de espera para tener un turno en los hornos crematorios. Y por ende el cuerpo no puede ser recogido mientras tanto.
Vélez advirtió que en caso de que el volumen de fallecimientos siga creciendo, el tiempo de espera podría ir ampliándose a 36 o 48 horas y así progresivamente.
“Entendemos que esto va a comenzar a saturar a su vez las áreas de patología de los hospitales porque no se pueden llevar los cuerpos, pero nosotros en definitiva no los podemos recoger si no hay un horno disponible”, añadió.
¿Cuáles son las opciones?
El presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores dijo que ya alertaron al gobierno de Ciudad de México y en particular a la Consejería Jurídica del fenómeno que se está presentando y se están analizando opciones.
Una alternativa, dijo, es que el gobierno autorice a los crematorios a trabajar 24 horas ininterrumpidas. No obstante, explicó que esto a su vez puede acrecentar complicaciones que ya están presentándose como fallas en los hornos.
“Una cremación toma en promedio dos horas. Y si los hornos están funcionando sin parar evidentemente tienen fallas y eso también está retrasando servicios”, dijo Velez.
Otra opción es tratar de reducir la cifra de cremaciones y ofrecer inhumaciones (entierros) al menos en casos donde no es claro que hubiera coronavirus. “Y en una situación mas extrema tendríamos que comenzar a cavar zanjas como ha ocurrido en otras partes del mundo para los cadáveres”, señaló.
En ese contexto, el presidente de la asociación señaló que la mejor salida es que el volumen de muertes ya no crezca y para ello insistió en que es importante que las personas no salgan a la calle y que sigan las medidas que reiteradamente señalan las autoridades de salud.
Reducen costos a la mitad
David Vélez dijo que una medida que han tomado las funerarias de su asociación conforme la pandemia ha ido creciendo es recortar el costo por los servicios funerarios de los 14 mil pesos que en promedio se manejan al público hasta los 7 mil pesos. Y de igual forma no se está cobrando el ataúd ni requiriendo otros pagos.
Explicó que esta medida se tomó para apoyar a las personas que además de atravesar la crisis por el deceso de un familiar están padeciendo problemas económicos derivado de que no pueden laborar o que incluso habrían perdido su trabajo por la contingencia sanitaria.
“Y en algunos casos en mi asociación hemos decidido llevar a cabo los servicios de forma totalmente gratuita. Tenemos casos de personas de muy bajos recursos y no podemos ignorarlos”, dijo.
Irma Cancino Cárdenas no era paciente de coronavirus, pero la pandemia también la golpeó en sus últimos días de vida. Como ella, hay miles de pacientes en hospitales mermados por la contingencia. También, por desgracia, fallece gente de enfermedades que nada tienen que ver con la COVID-19. Son las otras víctimas de un sistema débil al que la situación de emergencia está poniendo al límite.
