En un fallo con implicaciones significativas en el panorama político, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue instruido por un Juez federal a suspender indefinidamente sus ataques hacia Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante presidencial del Frente Amplio por México. Además, se prohibió a las autoridades hacendarias divulgar información sobre su situación fiscal, bancaria o empresarial.
La orden fue emitida por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos, como parte del amparo presentado por la senadora panista el 17 de julio. El juez decidió otorgar la suspensión definitiva tras considerar que el presidente exhibió información sobre las empresas de Gálvez en una conferencia matutina, en la que la acusó de recibir contratos por más de mil 400 millones de pesos a través de sus compañías High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes.
En su resolución, el juez señaló que la medida cautelar será efectiva por tiempo indefinido mientras se resuelve el amparo. El mandato abarca la eliminación de declaraciones, comunicados, publicaciones y contenido audiovisual relacionado con Xóchitl Gálvez en plataformas como Twitter, YouTube y Facebook, entre otras.
El juez resaltó que esta acción no busca limitar el acceso a información para los ciudadanos, sino más bien garantizar la defensa de la persona en cuestión, que tiene derecho a proteger su información privada y preservar su dignidad.
En respuesta a esta resolución, Xóchitl Gálvez anunció el 7 de agosto que ya había obtenido una suspensión provisional que exigía al presidente dejar de exponer su situación financiera, fiscal, empresarial o cualquier tipo de aspiración política o personal.
Esta decisión legal representa un acontecimiento relevante en la dinámica política del país y plantea preguntas sobre la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y los límites del poder ejecutivo en la crítica a figuras públicas. La medida cautelar en contra de los ataques hacia Gálvez y la restricción de la difusión de información sobre ella podría tener repercusiones en el discurso político y la campaña electoral en el camino hacia las elecciones federales de 2024.
