Tehuacán, Atlixco y Cuautlancingo acumulan más de 1,200 delitos de alto impacto en Puebla
Durante los primeros seis meses de 2026, tres municipios de la entidad, Tehuacán, Atlixco y Cuautlancingo, concentraron más de mil 200 delitos de alto impacto en Puebla, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Este complejo panorama coloca a la entidad en el sexto lugar nacional en incidencia delictiva, registrando un promedio de 207 crímenes denunciados al día. En contraste con los discursos oficiales, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI situó la percepción de inseguridad social en un alarmante 81.5%, veinte puntos por encima de la media del país.
Tehuacán y el control territorial de los delitos de alto impacto en Puebla
El municipio de Tehuacán concentra la expresión más cruda de violencia organizada en la región. Las autoridades ministeriales identifican a la junta auxiliar de San Diego Chalma como el principal foco de ejecuciones y disputas territoriales entre bandas rivales. La FGE ha documentado que células delictivas foráneas operan en la demarcación, utilizando los caminos de terracería y barrancas periféricas para abandonar cuerpos.
La problemática en este municipio se agrava por factores de planeación urbana. El área de Desarrollo Urbano local tiene identificadas 38 colonias completamente irregulares, muchas de ellas asentadas de forma ilegal dentro de los límites de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.
Al tratarse de una zona sujeta a protección ambiental federal, existe un impedimento legal para introducir infraestructura básica y establecer casetas de vigilancia o patrullajes permanentes, dejando estos asentamientos desamparados ante la presencia de la delincuencia organizada.
Atlixco y Cuautlancingo: El limbo de las cifras y los delitos de alto impacto en Puebla
En Atlixco, los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado muestran una realidad estadística opuesta, reportando una reducción del 37% en los índices de delincuencia.
El robo de vehículos disminuyó un 63.3% y el robo a transeúntes bajó un 40.9% gracias a la instalación de torres de videovigilancia conectadas al sistema C5i. Sin embargo, estas reducciones numéricas chocaron con un violento linchamiento en una junta auxiliar rural, donde una turba torturó y quemó vivos a cuatro hombres acusados de robar una camioneta.
Por su parte, Cuautlancingo mostró la trayectoria estadística más favorable de la zona metropolitana. El alcalde Omar Muñoz informó que el trabajo coordinado con la Sedena y la Guardia Nacional permitió que en abril se registrara el menor volumen de delitos en nueve años, logrando una reducción del 26.4%. El avance se reflejó en la certificación de sus 164 policías y la construcción de subcomandancias en San Lorenzo Almecatla y Sanctorum.
A pesar de esta eficacia, el punto crítico del municipio se localiza en su franja fronteriza con la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, perteneciente a la capital del estado.
🚨 Localizan un cadáver dentro de la cajuela de un #Volkswagen Vento, en el Periférico Ecológico a la altura de #Cuautlancingo
— Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) November 16, 2021
🎥 @AngularAgencia pic.twitter.com/ppDReLOMte
Cinco colonias de la zona están al margen de los límites jurisdiccionales. Cuando ocurre un hecho delictivo, las corporaciones de ambos municipios demoran su respuesta al debatir a qué demarcación le corresponde atender la emergencia, un desamparo que las bandas delictivas aprovechan para operar con total impunidad.
La reclasificación de las cifras ante la opinión pública
De fondo, organizaciones civiles de derechos humanos han denunciado de manera constante una práctica recurrente por parte de las autoridades locales: la reclasificación de ilícitos graves para maquillar las estadísticas oficiales de criminalidad.
El fenómeno es especialmente visible en el rubro de los feminicidios, donde el gobierno reportó una disminución del 60% en el primer cuatrimestre del año.
Colectivos de búsqueda de justicia acusan que las muertes violentas de mujeres se registran deliberadamente como homicidios dolosos comunes o muertes accidentales si no existen denuncias previas de violencia familiar en el expediente.
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