Comerciantes de la Unión de Refaccionarias acusaron de robo, represión y hostigamiento a los elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia FEIDAI, tras los operativos que se llevaron a cabo en la 46 Poniente.
En rueda de prensa, Saraí Ramos Romero, presidenta de dicha organización denunció ser víctima de un tema político entre el gobierno estatal y municipal, al asegurar que muchos establecimientos cuentan con las facturas que avalan la propiedad de las autopartes que venden en dicha zona.
Señaló que aun sin una orden de cateo, los agentes ministeriales ingresaron por la fuerza a los locales, con la amenaza de sembrarles droga o cualquier otro delito si no los dejaban hacer las revisiones correspondientes.
Asimismo, destacó que en las más de tres semanas que han durado los operativos, 300 comerciantes establecidos se han quedado sin su fuente de empleo, por lo que exigen un alto a la represión que sufren día a día y que los ha estigmatizado ante la sociedad.
“Tenemos videos en los que ponen los sellos de clausura, dejan pasar días, llegan y abren las cortinas para sacar la mercancía, y cuando estamos ahí pese a que les decimos tenemos la llave, les abrimos, tenemos los documentos que acredita que es nuestra mercancía, nos insultan y han golpeado a nuestros compañeros, nos dicen que nos retiremos porque si no seremos puestos a disposición, eso es un atropello”, dijo la presidenta de la Unión de Refaccionarias.
Por tal motivo solicitaron un dialogo con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues están a favor de que se decomisen las autopartes de dudosa procedencia, pero que no se atente contra el trabajo de refaccionarias establecidas que pagan impuestos y desarrollan sus actividades de forma legal.
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Fotos: Gran Angular Agencia / @AngularAgencia
