Con ganancias semanales de tres millones de pesos en promedio, «El pueblito», al interior del penal de San Miguel, era un símbolo de impunidad y corrupción, heredado de administraciones pasadas y que al menos dos ex secretarios barbosistas se vieron beneficiados.
Departamentos, «privados», restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, de ropa, calzado, baños, ferretería, peluquería, gimnasios y quioscos, formaban parte de los 104 espacios demolidos al interior del Centro de Rehabilitación Social (CERESO).
La construcción de estos espacios de lujo para las PPL’s (personas privadas de su libertad), fueron financiados por las administraciones pasadas en conjunto con los reos a través de recursos ilícitos, según lo revelado el pasado miércoles por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
«Los recursos fueron de los encargados de la secretaria de seguridad pública de cada administración a lo largo de muchos años, de los propios delincuentes, los PPL’s, que coludidos con las autoridades de seguridad pública y de reclusorios fueron haciendo ese tipo de cosas».
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Fue este mismo 13 de julio que, ante Notario Público, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), concluyó la demolición de los 104 espacios irregulares que formaban parte del denominado «El pueblito».
«En dichos espacios había ‘privados’ para encuentros íntimos, restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, baños, ferretería e incluso corte de cabello, así como dos quioscos y dos gimnasios» refirió la dependencia a través de un comunicado.
Asimismo reveló que las autoridades y reos encargados de este negocio, recaudaban ganancias por al menos tres millones de pesos a la semana; es decir, que por cada espacio les generaba una ganancia diaria de cuatro mil 120 pesos.
Ante ello la SSP emprendió una «limpia» al interior de los centros penitenciarios, a fin de regularizar las actividades al interior de los mismos para fortalecer el sistema de justicia en la entidad, mediante el combate a la corrupción y la impunidad.
