Presenta FGR 49 pruebas contra Irene Olea y pide vinculación a proceso por tortura contra periodistas
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un total de 49 pruebas contra Irene Olea, expresidenta municipal de Izúcar de Matamoros, por su presunta responsabilidad en actos de tortura contra las periodistas Natali y Michelle López.
Durante una audiencia que se prolongó por más de cuatro horas en el Centro de Justicia Penal Federal, la FGR solicitó su vinculación a proceso.
La periodista Michelle López, una de las víctimas, ofreció una declaración al salir de la audiencia en la que detalló que entre las pruebas aportadas se encuentran documentos alterados por la autoridad municipal, cambios en fechas oficiales y cateos realizados a la Secretaría de Seguridad de Izúcar, donde se localizaron elementos clave.
“Después de este tiempo de cuatro horas de audiencia se dieron 49 pruebas por parte de la FGR. Se pide la vinculación a proceso”, expresó.
Agregó que la defensa de Irene Olea, quien se presentó con un abogado de oficio, solicitó el plazo máximo de seis días para responder y presentar pruebas a su favor.
Mientras tanto, se estableció como medida cautelar que la exalcaldesa no se acerque a ningún testigo relacionado con el caso.
“Esperamos que se vincule a proceso, hay pruebas suficientes para que se siga investigando. Condeno cualquier acción que pudiera emprender contra mi familia, amigos o personas cercanas”, advirtió Michelle López.
¿Por qué vincularán a proceso a Irene Olea?
Este caso se remonta marzo de 2023, cuando Michelle y Natali López fueron detenidas arbitrariamente por policías municipales mientras documentaban la marcha feminista del Día Internacional de la Mujer, organizada por el colectivo Marea Púrpura.
Las comunicadoras fueron retenidas por casi 20 elementos, trasladadas a una subcomandancia y permanecieron incomunicadas por más de seis horas.
Durante su encierro, denunciaron haber sido víctimas de amenazas, agresiones físicas y sexuales, además de ser obligadas a desnudarse y hacer sentadillas.
Las acusaciones fueron retomadas por la FGR, que calificó los hechos como tortura y abrió una carpeta de investigación en contra de los responsables, entre ellos la entonces presidenta municipal Irene Olea
