¿Son suficientes las penas actuales para disminuir los delitos sexuales en Puebla?
La lucha contra los delitos sexuales en Puebla sigue en la agenda legislativa, con múltiples reformas desde 2023 para endurecer las penas para agresores. Sin embargo, persiste una pregunta clave: ¿estas sanciones son suficientes para reducir la incidencia delictiva?
Para comprender mejor el impacto de estas medidas, en ALMANAQUE consultamos a expertos en derecho y políticas públicas, quienes explican los alcances y limitaciones de la legislación vigente.
¿Qué castigo enfrentan los agresores sexuales en Puebla?
Los delitos sexuales abarcan toda conducta que atente contra la libertad sexual de una persona, ya sea por la fuerza o sin su consentimiento, sin necesidad de penetración.
A nivel nacional, el Código Penal establece que estos delitos pueden castigarse con entre 6 y 10 años de prisión, además de multas de hasta 200 UMAS (Unidad de Medida y Actualización). Sin embargo, la severidad del castigo depende del tipo de delito cometido.
En Puebla, las leyes consideran varias formas de agresión sexual, como:
- Abuso sexual
- Acoso y ciberacoso
- Corrupción de menores o personas en situación de vulnerabilidad
- Violación y violencia equiparada
- Hostigamiento sexual
- Delitos contra la intimidad sexual
El endurecimiento de penas ha sido una estrategia constante en el Congreso local, pero ¿realmente ha sido suficiente para reducir estos delitos?
¿Son suficientes las penas actuales para disuadir los delitos sexuales?
La disuasión es una estrategia que busca reducir la incidencia delictiva al generar temor en posibles agresores. La lógica es que, si las penas son severas y hay una alta probabilidad de ser castigado, menos personas se atreverán a cometer el delito.
Sin embargo, el doctor Gilberto Rafael Rodríguez Moreno, coordinador de los Posgrados en Derecho en la IBERO Puebla, señala que el aumento de penas solo tiene un impacto parcial.
“Está comprobado que el gravamen de las penas ayuda a reducir la incidencia delictiva, pero debe haber un plan estructurado para difundir la información y generar conciencia sobre los delitos sexuales, no solo miedo”, explica.
De acuerdo con su análisis, la mayoría de los agresores no comete estos delitos pensando en las consecuencias legales, sino por otros factores como impunidad, impulsos no controlados o abuso de poder. Por ello, considera que sin un enfoque integral de prevención, las reformas penales pueden convertirse en castigos simbólicos sin efectos reales en la disminución de casos.
Más allá del castigo: prevención y atención a víctimas
El asesor jurídico Ramón Bautista Valente, especialista en delitos sexuales, coincide en que las penas actuales son necesarias, pero insuficientes por sí solas.
Señala que, aunque las reformas buscan responder al aumento de casos, la clave para reducir estos delitos está en mejorar la prevención, la atención a víctimas y la efectividad de la denuncia.
“Uno de los factores clave es el acompañamiento y asesoría a las víctimas, pero sobre todo la denuncia. Sin una estructura de apoyo adecuada, muchas víctimas no se atreven a señalar a sus agresores, lo que perpetúa la impunidad”, explica.
Actualmente, existen Unidades Médicas y dependencias gubernamentales que ofrecen asesoría legal y apoyo psicológico. En estos espacios, las víctimas reciben primeros auxilios emocionales para enfrentar el impacto del delito, además de información sobre el proceso legal.
No obstante, el miedo, la revictimización y la falta de confianza en las autoridades siguen siendo barreras para que más personas denuncien.
¿Qué más se necesita?
Si bien endurecer las penas es un paso importante, los expertos coinciden en que no es suficiente para reducir los delitos sexuales en Puebla. Se requiere un enfoque más amplio que incluya:
- Mayor acceso a la justicia y acompañamiento a víctimas
- Estrategias de prevención en escuelas y espacios públicos
- Campañas de concientización que reduzcan la impunidad
- Fortalecimiento de la atención psicológica y jurídica
Sin estas acciones, el aumento de penas podría ser solo un mensaje simbólico, sin impacto real en la reducción de estos delitos.
