Osvaldo Valencia / @Osva_Valencia
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla aprobó modificaciones al Código Penal del Estado para castigar hasta con 10 años de cárcel la venta de vacunas y tratamientos no autorizados contra el coronavirus.
La iniciativa de reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta fue aprobada por cinco votos a favor y una abstención.
La iniciativa adiciona la fracción V al artículo 403 para imponer prisión de cinco a siete años a quien comercialice, distribuya o transporte sustancias que se ofrezcan como vacunas contra el virus covid-19.
La sanción se incrementaría hasta en una mitad cuando el delito lo cometa un profesional de la salud, por lo que la pena máxima alcanzaría los 10 años de cárcel; además de la suspensión de su cédula profesional y licencia comercial por 10 años para el derecho de ejercer su profesión o comercio.
También se incorpora la fracción XXI para aplicar la misma sanción a la persona que venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte sustancias que se ofrezcan como vacunas contra el virus covid-19 falsificadas, alteradas, contaminadas o adulteradas, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar.
La diputada del PRI, Rocío García Olmedo, cuestionó la competencia del Congreso local para tipificar este acto, pues consideró que encaja más en el Delitos Contra la Salud, lo cual es de competencia federal.
No obstante, el área jurídica del Poder Legislativo señaló que lo que se busca es tipificar el delito de fraude en dicha modalidad, por lo que sí se puede modificar a nivel local.
La coordinadora de Encuentro Social Mónica Lara Chávez, externó que con esta reforma se busca acabar con los actos de corrupción en la distribución de la vacuna contra el coronavirus.
Fue este 2 de febrero cuando ingresó la iniciativa del mandatario poblano que tiene como finalidad la de evitar que lucren con la salud de los ciudadanos.
