Osvaldo Valencia / @Osva_Valencia
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla aprobó el dictamen para eliminar la prescripción de los delitos sexuales en el estado, y castigar hasta con siete años de cárcel a quienes tengan conocimiento de los ilícitos y omitan dar información a las autoridades.
El proyecto de dictamen para reformar los artículos 128 Bis y 278 Octies del Código Penal Estatal fue aprobado por cuatro votos a favor de los diputados de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, y dos en contra del PRI y Movimiento Ciudadano.
La reforma al artículo 128 Bis establece que no se podrá extinguir la acción penal en los delitos de corrupción a menores e incapaces o de personas que no puedan resistir contempladas en la fracción I del artículo 217, pornografía de menores e incapaces, ciberacoso, violación a la intimidad sexual, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual, acoso sexual, violación, feminicidio y homicidio doloso.
Mientras que la modificación al artículo 278 Octies busca sancionar a las personas que tengan conocimiento de un delito de índole sexual y no entregue información a las autoridades competentes al respecto.
“Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de cualquiera de los delitos de corrupción a menores e incapaces o de personas que no puedan resistir contempladas en la fracción I del artículo 217, pornografía de menores e incapaces, ciberacoso, violación a la intimidad sexual, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual, acoso sexual, violación, feminicidio y homicidio doloso y no acuda a la autoridad competente para denunciar el hecho y evitar la continuación de la conducta será castigada de dos a siete años de prisión”.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Gabriel Biestro Medinilla, manifestó la necesidad de eliminar la extinción de la acción penal de los delitos sexuales al considerar que en muchos de los casos las víctimas no se encuentran en condiciones mentales o emocionales para presentar la denuncia pertinente.
“Nuestra tarea como institución es el proteger a todos y generar condiciones de mayor seguridad para las personas, sobre a aquellas que en un momento u otro no se pueden defender”.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto Morales Álvarez, se manifestó en contra de la reforma al establecer una sanción excesiva para quienes no entreguen información sobre el ilícito, mientras que delitos como hostigamiento y acoso sexual no castigados con penas menores.
Mientras, la legisladora del PRI, Rocío García Olmedo, recriminó que dentro del dictamen se descarte incluir los delitos de desaparición forzada y desaparición por particulares, por lo que también rechazó la propuesta.
