Osvaldo Valencia / @Osva_Valencia
El Congreso de Puebla aprobó sancionar hasta con seis años de prisión a los servidores públicos que detengan y cometan abuso de autoridad en contra de conductores del sector agropecuario, del campo y de primera necesidad.
La minuta de decreto para reformar el artículo 419 del Código Penal del Estado, propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, fue aprobado por 33 votos a favor y seis en abstención
Ahora, los servidores públicos que detengan y sancionen u obtengan algún beneficio de los transportistas y conductores de vehículos que trasladen productos del campo, agropecuarios y de primera necesidad serán sancionados.
La sanción que se les aplicaría a los servidores públicos que incurran en este ilícito iría de los seis meses hasta los seis años de cárcel, además de inhabilitación para ejercer el cargo o empleo.
La diputada de Encuentro Social, Mónica Lara Chávez, señaló que los trabajadores del campo son víctimas constantes de actos de extorsión por parte de los elementos de vialidad pública.
“Como poblanos sabemos que existen retenes ex profeso en los accesos a la Central de Abasto, entradas y salidas a la Autopista México-Puebla, accesos a Puebla desde Tlaxcala, así como en otras vialidades.”.
Por su parte, la coordinadora del PRI, Josefina García Hernández, celebró la medida planteada al referir que los trabajadores del sector del campo han sido víctimas de explotación históricamente por las autoridades, además de que atraviesan dificultades para vender sus productos en comercios establecidos.
En tanto la legisladora de Movimiento Ciudadano, Guadalupe Esquitín Lastiri, consideró que esta reforma expone a los transportistas a más actos de extorsión y hostigamiento por parte de los grupos del crimen organizado al inhibir las acciones de seguridad vial.
“Esta reforma ocasionará que los policías se abstengan de intervenir en casos por miedo a ser sancionados, lo que propiciará una laguna que podría llevar a la proliferación de actos delictivos, pues permitir a los delincuentes el seguir cometiendo delitos al amparo de ser o simular que realizan actividades agropecuarias”.
