La ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco será la primera mujer en la historia de Puebla que estará en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un periodo de 4 años y 4 meses, lo que le impedirá competir en el proceso electoral 2023-2024.
El pasado 27 de enero, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla resolvió la denuncia presentada por Yasmín Flores Hernández, ex coordinadora ejecutiva de la presidencia y ex consejera jurídica del Ayuntamiento de Puebla, en agosto de 2020, a dos años y cinco meses de distancia.
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De acuerdo con la resolución, Claudia Rivera incurrió en violencia política en razón de género en contra de una mujer de tipo ordinaria al no haber sido cometida en reiteradas ocasiones.
Al estar inscrita en este registro, Claudia Rivera no podrá participar en la elección del siguiente año, pues de acuerdo con la reforma electoral aprobada en junio de 2020 en el Congreso de Puebla, se estableció como impedimento para ser candidato y representante de algún partido político y de candidatos independientes el haber sido sancionado por violencia política contra las mujeres.
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Al ser una sanción de tipo ordinaria la inscripción en el registro sería de hasta cuatro años, pero al ser cometida en contra de una mujer en el desempeño de un cargo público, no existió lucro o beneficio económico por parte de la responsable y no hay elementos para determinar que se cometió de forma sistemática y reiterada. En este caso el TEEP determinó que la duración sea de tres años y tres meses
Sin embargo, al ser cometida cuando era servidora pública como presidenta municipal de Puebla, los lineamientos del Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género la temporalidad aumenta en un tercio, por lo que se estimó que la pena aumente hasta cuatro años y cuatro meses.
La violencia contra Yasmín Flores
En su demanda, Yasmín Flores explicó que sufrió violencia política en razón de género al percibir un salario menor al de sus compañeros hombres en la coordinación ejecutiva de la presidencia, Javier Palou García y Andrés García Viveros.
En el tabulador de salarios durante la gestión de Claudia Rivera, Javier Palou y Andrés García recibían 49 mil 890 pesos mensuales. Mientras Yasmín Flores percibía 40 mil 001 pesos por desempeñar el mismo cargo.
Claudia Rivera alegó en su defensa que Yasmín Flores fue designada como Directora de la Coordinación Ejecutiva de la Consejería Jurídica del 15 de octubre de 2018 al 31 de mayo de 2020, con un salario de 40 mil 001 pesos mensuales, sin embargo, al analizar los tabuladores, el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) consideró como cierto lo señalado por Yasmín Flores en cuanto al agravio.
La ex trabajadora del Ayuntamiento de Puebla denunció que fue obligada por Claudia Rivera a renunciar a su primer cargo “por el hecho de ser mujer” pues en una reunión celebrada el 28 de mayo de 2020 la hicieron firmar su renuncia con el argumento de que “no le funcionaba como Consejera Jurídica, ya que en dicho puesto se necesitaba el carácter de un hombre”, y si firmaba su renuncia sin mayor objeción, “podría considerar su contratación en otro puesto”.
Claudia Rivera confirmó la existencia de dicha reunión, sin embargo, indicó que «le fue propuesta a la hoy quejosa su designación como Coordinadora Ejecutiva de Proyectos Estratégicos» como parte de un movimiento administrativo.
Yasmín Flores también acusó hostigamiento por negarse a firmar el acta de entrega-recepción de su renuncia en la Consejería Jurídica por parte de René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación, y Margarita del Carmen Rodríguez Daruich.
Señaló que fue seguida por un vehículo Dodge Attitude con placas UBP-1765, adscrito a la Secretaría de Gobernación, el cual le tomó fotografías en horarios no laborales.
Al respecto, el TEEP consideró que la vinculación a proceso de Rodríguez Daruich por este delito denunciado también ante la Fiscalía General del Estado es suficiente para tener por acreditado un posible hecho de violencia política.
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