La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), una de las más prestigiosas a nivel nacional, enfrenta una de sus peores etapas, pues desde junio permaneció cerrada por un conflicto legal derivado de un mal manejo de la Fundación Jenkins, de la cual sacaron sus recursos del estado y los trasladaron a paraísos fiscales.
En casi siete meses se ha librado un conflicto legal en tribunales federales y estatales para determinar cuál de los patronatos debe tener la representación legal de la institución.
El 1 de febrero se vivió una jornada clave para que la institución retome las clases presenciales, ya que una jueza local dijo que no había impedimento legal para abrir la universidad, y por la noche se abrieron los accesos. Sin embargo, la rectora interina, Cecilia Anaya
Este es un recuento de los hechos que han ocurrido en el conflicto de la UDLAP para entenderlo paso a paso.
Conflicto UDLAP
El 24 de mayo de 2021, el Patronato de la Fundación Universidad de las Américas sesionó para excluir a la familia Jenkins de Landa, porque cuentan con órdenes de aprehensión en su contra y hubo falta de transparencia en el uso de los recursos de la institución.
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Posteriormente, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado nombró a cinco miembros provisionales, tal como la ley se lo faculta. Como presidente fue designado Horacio Magaña Martínez, quien de inmediato ordenó una auditoria a la universidad. Sin embargo, Luis Ernesto Derbez, entonces rector, lo impidió.
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Ante la negativa del ex rector, la Fundación Universidad de las Américas optó regirse por la vía judicial, por lo que el 29 de junio, elementos de la Policía Estatal tomaron el campus de San Andrés Cholula, luego de que el juez Segundo Civil del distrito judicial de Cholula, Cuauhtémoc Blázquez Guevara ordenó el desalojo de las instalaciones de la universidad, para que el nuevo patronato asumiera el control de la institución.
Un día después, alumnos se manifestaron por la incertidumbre de no saber que pasaría con la institución, por lo que desconocieron al patronato provisional y pidieron la permanencia del grupo encabezado por Luis Ernesto Derbez Bautista.
El 6 de julio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aclaró que la toma de la universidad no fue una invasión a la universidad, porque era un tema legal y la autoridad competente daría la razón al nuevo patronato o a la Fundación Mary Street Jenkins.
En la tarde del mismo día, los miembros del nuevo patronato hicieron su primera presentación ante los medios de comunicación y anunciaron que interpusieron tres denuncias penales contra Luis Ernesto Derbez, por presunto robo, delincuencia organizada y lavado de dinero, además, sería destituido del cargo en los próximos días.
El 12 de julio, se oficializó a Armando Ríos Piter, como nuevo rector, quien tomó protesta ante notario público en la sede de la institución ubicada en San Andrés Cholula.
Un día después, Miguel Barbosa Huerta negó tener injerencia en la designación de Ríos Piter y aclaró que la amistad que comparten nació cuando ambos estuvieron en la Cámara de Senadores.
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Días después, Luis Ernesto Derbez reapareció y aseguró que fue restituido por la Fundación Mary Street Jenkins como rector de la universidad, aunque Daniel Vázquez, titular de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla lo desmintió, por lo que Armando Ríos seguía al frente de la UDLAP.
El 18 de agosto, un juez giró una orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, e integrantes del cuerpo directivo de la institución por el desfalco de más de 100 millones de pesos en la escuela.
Dos días después, la Fundación Mary Street Jenkins lo separó de la «rectoría» para que aclare su situación, aunque carecían de control legal, porque la institución está bajo el poder del denominado nuevo patronato.
Horas más tarde, la Fundación Mary Street Jenkins nombró a como rectora interina a Cecilia Anaya Berrios, quien era vicerrectora académica de la institución.
Las manifestaciones de los alumnos continuaron y el 9 de de diciembre llegaron a Casa Aguayo, donde los secretarios Ana Lucía Hill Mayoral, de Gobernación; Melitón Lozano Pérez, de Educación, y la subsecretaria de Educación Superior, América Rosas Tapia, les reiteraron que el control administrativo de la UDLAP era responsabilidad de la doctora Anaya Berríos.
Después de la reunión, los alumnos anunciaron que presuntamente el 10 de diciembre el campus abriría bajo la rectora de los Jenkis, Cecilia Anaya, aunque esto no ocurrió.
El 26 de enero, el director del Tecnológico de Monterrey, Jorge Rocha Orozco, se solidarizó con la institución y les ofreció sus instalaciones para tomar clases presenciales, debido a que el campus de San Andrés Cholula seguía cerrado.
El 1 de febrero, ocurrieron una serie de hechos claves que dieron un avance al conflicto de la UDLAP y serán clave para los próximos días.
En la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, la diputada local por el PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, señaló que la universidad presuntamente estaba tomada por el gobierno del estado, por lo que su homóloga, Nora Merino la retó a acudir a las instalaciones para corroborar o desmentir la información.
En el campus de Cholula se dieron cita cientos de alumnos, quienes aprovecharon para manifestarse y en el calor de los ánimos bloquearon la Recta a Cholula y el Periférico Ecológico, situación que molestó a los automovilistas de la zona, que les aventaron algunos coches, a lo que un alumno respondió y aventó una piedra en el parabrisas a un auto.
A la par de esta situación, se llevó una audiencia en donde la jueza de control Magaly Escamilla Hernández del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, ordenó el regreso a clases presenciales y que se abriera el campus.
Horas después el nuevo patronato pidió a la empresa de seguridad privada abrir los accesos de la UDLAP, aunque los alumnos se negaron a ingresar bajo el argumento de que era una nueva estrategia, mientras que la rectora interina, Cecilia Anaya se negó a aceptar el fallo bajo el argumento de que un juez debe ir a entregarles formalmente las instalaciones.
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El 2 de febrero, Barbosa Huerta declaró que no existe obstrucción de ninguna parte para que los alumnos y maestros regresen a clases presenciales en la universidad. Horas más tarde, Armando Ríos Piter, rector del nuevo patronato, anunció que se abstendrá de intervenir en la escuela hasta que se resuelva legalmente el caso.
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