La propuesta del alcalde Eduardo Rivera Pérez para concesionar los paraderos de transporte público en la Angelópolis con fines publicitarios por 10 años, ha causado opiniones divididas entre el gobierno del estado, el Ayuntamiento de Puebla y el Congreso Local
El pasado 28 de marzo, Michel Chaín, secretario de Desarrollo Urbano municipal, presentó el programa con el que esperan recibir 2.2 millones de pesos anuales de 2022 al 2032, fecha en la que terminará la concesión.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta, mostró su desacuerdo con el tema pues consideró que las administraciones municipales solo deben concesionar servicios o bienes por el tiempo que dura su gestión o hasta máximo año y medio de la siguiente administración. Además de que tienen que ser aprobadas por el Congreso del Estado.
En respuesta. el alcalde de Puebla sostuvo que el Poder Legislativo no tiene injerencia para impedir que su administración lleve a cabo esta concesión, e incluso el Ayuntamiento ya lanzó la licitación para la intervención de los paraderos en los que se instalarán puntos WiFi y cámaras de seguridad.
El presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes se sumó a la controversia y consideró que por legalidad la concesión debe ser autorizada por los diputados locales.
La postura del gobernador de Puebla
Durante dos días, Barbosa Huerta ha fijado postura en su conferencia de prensa y dejó en claro que su administración no permitirá que los municipios hagan ver como legal algo que está totalmente fuera del marco la ley.
Incluso, el mandatario estatal acusó que este tipo de prácticas buscan tener un control político en los espacios públicos aun cuando la administración ya haya terminado.
“Esas concesiones tienen propósitos de control político, de crear obligaciones de retribuciones en el manejo político de esa concesión (…) tampoco voy a dejar de señalar las cuestiones que yo vea que no sean legales y se quieran presentar como actos de legalidad cuando no lo son»
Tras la controversia, Barbosa Huerta exhortó al consejero jurídico, Carlos Palafox Galeana, a presentar una iniciativa ante el Poder Legislativo para establecer un tiempo máximo para la entrega de concesiones por parte del Ayuntamiento.
El propio consejero jurídico del gobierno estatal, informó que de acuerdo al artículo 57 de la Constitución Política del estado de Puebla, los ayuntamientos no tienen las facultades para otorgar concesiones que rebasen su tiempo de mandato a empresas, pues estos contratos deben ser aprobados previamente por el Congreso del Estado.
Señaló que las concesiones que son entregadas y tienen como fecha de término antes de que finalice la gestión, si pueden ser aprobadas por el Cabildo, pero al rebasar el tiempo establecido, automáticamente pasan al análisis del Poder Legislativo.
Control político de publicidad se originó con Moreno Valle
Barbosa Huerta recordó que las prácticas de control político, se originaron durante la gestión de Rafael Moreno Valle y expuso que cuando llegó al poder, no se tenía un padrón con las concesiones entregadas por sus antecesores panistas, y además, las pocas que tenían registro fueron dadas por más de 20 años.
Por otro lado, señaló que su administración nunca ha impedido el trabajo autónomo de los presidentes municipales, pero deben darse con legalidad las acciones.
“Cuando empezó mi gobierno a revisar las concesiones que se tienen entregadas, no hay constancia escrita más que de muy pocas cosas, no había un registro pero me encontré con concesiones importantes de 20 a 30 (…) ¿No quedamos que íbamos a ser diferentes?”.
No hay impedimento, responde Lalo RIvera
El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez declaró que no existe impedimento legal para que la concesión de los paraderos del transporte público sea por 10 años y descartó que requiera la autorización del Congreso de Puebla.
Explicó que, de acuerdo con el artículo 57 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Puebla, el Congreso tiene las facultades para aprobar la enajenación de bienes y los contratos con una duración mayor al periodo del ayuntamiento, sin embargo, las concesiones son un acto administrativo de carácter discrecional, por lo que no aplicaría la revisión del Legislativo.
“Cómo se observa, no existe dentro de lo que acabo de leer, la facultad del Congreso de aprobar actos, convenios y mucho menos concesiones administrativas, únicamente contratos con una duración mayor a la del ayuntamiento”, comunicó.
El Ayuntamiento de Puebla informó que esta concesión no es nueva. En 2001 se entregó la operación de los paraderos a la empresa Clear Channel por 10 años.
En 2011, cuando estaba por concluir la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, la priista la renovó por otros 10 años y en diciembre pasado se terminó el contrato.
En lugar de renovar con la misma firma, el Ayuntamiento emanado del PAN emitió una convocatoria para contratar a un nuevo proveedor.
Congreso pide avalar concesión de los paraderos
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso, también señaló que es facultad del Poder Legislativo analizar este tipo de contratos.
El diputado local mencionó que respeta la autonomía de la administración de Eduardo Rivera, no obstante, recordó que existen procesos que deben ser respetados por los diferentes niveles de gobierno.
“Es muy importante apegarse al estado de derecho, generar máxima transparencia y si es necesario, que las concesiones vayan al Congreso”.
Con información de Jared Carcaño y Osvaldo Valencia
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