Puebla

Congreso de Puebla avala denuncias penales contra cuatro alcaldes que desviaron 17 millones de pesos

Osvaldo Valencia / @Osva_Valencia El Congreso de Puebla dio vista a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para denunciar a los ex presidentes municipales de Naupan, Petlalcingo, Jonotla y Chinantla, por incurrir en daño patrimonial de sus municipios entre los años 2011…
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Osvaldo Valencia / @Osva_Valencia

El Congreso de Puebla dio vista a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para denunciar a los ex presidentes municipales de Naupan, Petlalcingo, Jonotla y Chinantla, por incurrir en daño patrimonial de sus municipios entre los años 2011 y 2014.

El dictamen presentado por la Comisión Inspectora de la ASE fue aprobado por 33 votos a favor y seis en abstención de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Los ex ediles que podrán ser denunciados son Alberto Bautista Sánchez, de Naupan, por daño patrimonial en su cuenta pública del 2011; Isabel Vergara Tapia, de Petlalcingo, por el ejercicio fiscal 2012; Adán Bustamante Calva, de Naupan, por daño patrimonial en 2011; y José Luis González Enriquez, de Chinantla, por su gestión en 2014. E

En conjunto, los ex ediles que podrían ser denunciados habrían provocado un daño patrimonial a sus municipios por alrededor de 17 millones 111 mil 417.25 pesos.

En los cuatro casos se autorizó a la ASE para presentar la denuncia ante el Ministerio Público en contra de quien resulte responsable por el probable daño patrimonial causado a la hacienda pública.

La presidenta de la Comisión Inspectora de la ASE, Olga Lucía Romero Garci Crespo, acusó a las legislaturas pasadas lideradas por el PAN por retrasar los procesos de fiscalización de cuentas públicas por tres años, provocando la prescripción para la imposición de sanciones administrativas.

“La Auditoría detectó en su momento las conductas a tiempo y solicitó a las legislaturas pasadas la autorización para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes a tiempo, sin embargo, las legislaturas pasadas tardaron en  promedio 35 meses en dictaminar y decretar los inicios, son los casi tres años que deben contemplar la detección por la Auditoría y luego la notificación del inicio. Es impensable el tiempo que el Congreso se tardó en darle trámite a esos procedimientos”.

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