Esteban López / @Estevanz01Por mayoría de votos, el Congreso de Puebla aprobó la reforma electoral para negar la candidatura a un cargo de elección popular a quienes incurran en actos de violencia política de género contra mujeres.Las reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado fue aprobada por 39 votos a favor y 2 abstenciones.Ahora, el Instituto Electoral del Estado podrá negar el registro de precandidato y candidato a quienes sean sancionados por un delito de violencia política de género, violencia familiar e incumplimiento de obligaciones de manutención.“LV Bis.- Negar o cancelar el registro, en su caso, a la o el Precandidato o Candidato a quien se le haya sentenciado por autoridad competente en sentencia firme, y dentro de los plazos del proceso electoral respectivo, porincurrir en violencia política contra las mujeres en razón de género o por su delito equivalente, o por los delitos de violencia familiar o por incumplimiento de la obligación alimentaria, en términos de este código, de la legislación penal y demás aplicable, respectivamente”.Otro de los requisitos que se agregan para ser candidatos en los próximos procesos electorales es la acreditación de la asistencia a un curso sobre igualdad y paridad de género impartido por el IEE directamente o a través de terceros.También se elimina la figura de asociación electoral para los procesos electorales y la de “gran perdedor” para ser electo como diputado local del Congreso de Puebla.La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Vianey García Romero, reconoció que esta reforma conglomera las iniciativas de Morena, Encuentro Social, PRI, PAN, PRD, MC y Compromiso Por Puebla.La diputada de Acción Nacional, Mónica Rodríguez Della Vecchia, reconoció la apertura de la bancada de Morena para eliminar la modificación al cálculo del financiamiento público de los partidos que propuso el diputado Gabriel Biestro Medinilla.No obstante, se manifestó en contra de que se intentara tomar el control del Instituto Electoral del Estado a través de su Órgano Interno de Control y la Unidad Técnica de Fiscalización.]]>
