Pide ASF aclarar 735.4 mdp del último año de gobierno de Barbosa; 447 mdp son daño patrimonial

En la tercera entrega del informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se estableció que el gobierno de Puebla debe aclarar el gasto de 735.4 millones de pesos correspondientes al último año de Miguel Barbosa Huerta, de los cuales 447 millones corresponden a daño patrimonial.
Las anomalías se detectaron en el ejercicio de participaciones federales, en fondos federales de salud, así como en adjudicaciones y obras.

En la revisión de 45 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y el Comité Estatal de Agua y Saneamiento se detectó un daño patrimonial por 265 millones 053 mil 098 pesos.
La ASF detectó que no se presentó la documentación que acredite el pago de las obras, las facturas, pólizas, reportes de actividades, bitácoras de trabajos. En algunos casos no entregaron la información de los finiquitos.
Daño patrimonial en salud
El órgano fiscalizador detectó un daño patrimonial por 28 millones 183 mil 840 pesos en la compra de material médico.
En el informe se explicó que no presentaron “la documentación comprobatoria y justificativa de los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por los servicios realizados por los proveedores contratados”.
De esta compra no aparecieron las garantías, las de actas de entrega-recepción y las actas de satisfacción del servicio o informes de servicio, lo que impidió determinar el cumplimiento de los plazos acordados y servicios.
Daño patrimonial en Salud, UTP, Seguridad Pública, Desarrollo Rural y ASE
En la auditoria 1483 aplicada al gobierno de Puebla por concepto de participaciones federales se emitieron cinco pliegos de observaciones que suman más de 152 millones de pesos en daño patrimonial.
En primer lugar se encontraron anomalías por 27.6 millones de pesos por 3 expedientes de adquisición, arrendamiento y servicios en la Universidad Tecnológica de Puebla.
“No proporcionó los entregables que constaten la prestación de los servicios, las actas de entrega recepción, la evidencia fotográfica y los avisos de conformidad por parte del ejecutor”.
En cuatro expedientes de adquisición, arrendamiento y servicios de la Secretaría de Salud se encontró daño patrimonial por 75.5 millones de pesos.
“Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, consistente en evidencia de la entrega de la prestación de los servicios, dictámenes que validan y autorizan la prestación de los servicios, actas de entrega-recepción, reportes fotográficos y documentación que constate la satisfacción”.
En el tercer pliego de observaciones se encontraron 28,3 millones de pesos por daño patrimonial de participaciones federales que se gastaron en nueve contratos emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública, debido a que no hay documentación que garantice que las compras ingresaron al almacén y quedaron a resguardo de la dependencia estatal.
El cuarto pliego corresponde a la Secretaría de Desarrollo Rural, pues en cuatro contratos no hay evidencias de “la entrada al almacén de las adquisiciones, el resguardo de los bienes, el reporte fotográfico, así como la instalación de las adquisiciones y los avisos de conformidad, tales como las actas de entrega-recepción”.
Por último, en la Auditoria Superior del Estado se detectaron 3.3 millones de pesos por no entregar los comprobantes del pago a un proveedor.
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