Este terreno estuvo varios años en poder del Consejo Coordinador Empresarial, pero lo perdieron paulatinamente. Ahora, el gobierno estatal les cambiará el predio
Construirán nueva sede de la Secretaría de Finanzas en predio del CCE de Cúmulo de Virgo

El gobierno estatal contempla construir la nueva sede de la Secretaría de Finanzas, así como la de Administración en la Reserva Territorial Atlixcáyotl. Para ello se permutará el predio del Consejo Coordinador Empresarial en Cúmulo de Virgo para reubicar la dependencia.
El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina envío un decreto al Congreso del Estado para que aprueben el cambio de terrenos y se concrete la construcción de la nueva Secretaría de Finanzas que actualmente se encuentra en la colonia Azcarate.

En la permuta se establece que el CCE ahora será dueño de un terreno ubicado en el Quinto Retorno Osa Menor número 2, a un costado e Ciudad de Judicial y atrás de las Torres JV.
Este terreno es de 3 mil 500 metros cuadrados, y es un poco más grande que el que tenían en Cúmulo de Virgo de 2 mil metros cuadrados.
“Se considera la impetuosa necesidad de sentar las bases legales para ejecutar el Proyecto de Construcción de una Nueva Sede para Reubicar a las Secretarías de Planeación y Finanzas y a la Secretaría de Administración”.
CCE pierde definitivamente el predio de Cúmulo de Virgo y ahora será de la Secretaría de Finanzas
En 2004, el gobernador Melquiades Morales, donó un terreno de 20 mil metros cuadrados a cambio de que se construyera la nueva sede del Edificio Empresarial, lo cual nunca ocurrió.
En 2011, el gobernador Rafael Moreno Valle revisó el contrato y al no cumplir con lo estipulado, les quitó más de 10 mil metros cuadrados.
El expresidente del CCE, Fernando Treviño cedió el terreno a Blueicon, empresa que se comprometió a desarrollar un proyecto de 67 mil metros cuadrados de construcción con una zona residencial sin que los empresarios obtuvieran ganancias por ello.
Este proyecto tampoco se concretó y solamente se construyó un lobby que quedó en obra negra. La empresa con la que el organismo acordó el proyecto fue acusada de lavado de dinero.
Durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta se inició una batalla legal pues el Estado buscaba recuperar el terreno. Al final solamente les dejaron un predio de 2 mil metros cuadrados que no volvieron a utilizar.

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