
El Deportivo de las Canchas del Seminario: la batalla vecinal por su permanencia

El Deportivo de las Canchas del Seminario de Puebla se ha convertido en un punto de conflicto que enfrenta a los vecinos de las colonias Leobardo Coca, Vicente Guerrero y Patrimonio, con intereses privados y autoridades locales.
Este espacio, utilizado durante décadas por la comunidad para actividades deportivas y recreativas, está en riesgo de perder su carácter público.
Recientemente, la instalación de bolardos, vallas y una rampa alimentaron la percepción de que se busca restringir el acceso, lo que ha desatado una fuerte reacción ciudadana.

Un conflicto por la propiedad del terreno del Deportivo de las Canchas del Seminario de Puebla
El núcleo del problema reside en la titularidad del terreno del Deportivo de las Canchas del Seminario de Puebla.
Aunque los vecinos consideran las canchas como un bien comunitario, parte del predio pertenece legalmente a un particular, María del Rosario Tamayo.
La propietaria ha emprendido acciones para reafirmar su dominio, como retirar barreras que impedían el paso vehicular y construir accesos que sugieren un cambio en el uso del espacio.
También existe un litigio que se ha prolongado desde gobiernos municipales anteriores, y que tomó un rumbo distinto tras el amparo de la propietaria.
La situación del Deportivo de las Canchas del Seminario de Puebla se agravó cuando personal del Ayuntamiento de Puebla, acompañado de abogados, intentó ejecutar una orden judicial para permitir el acceso al parque a la propietaria.
Este episodio, que incluyó el uso de maquinaria para demoler una entrada, fue detenido por la rápida movilización de los vecinos, quienes se opusieron.

La resistencia de la comunidad y el amparo
Los habitantes de las colonias aledañas no están dispuestos a ceder. En respuesta a las acciones del particular, los vecinos se organizaron para exigir al Ayuntamiento que concluya un proceso de expropiación iniciado previamente.
Además, lograron un amparo judicial que suspende temporalmente cualquier intento de desalojo o modificación del terreno.
Este amparo, un recurso legal que protege contra actos de autoridad que vulneren derechos, representa un freno a las pretensiones del dueño y una esperanza para la comunidad. Sin embargo, no es una solución definitiva, ya que el litigio sigue en curso.
En 2021, durante la administración de Claudia Rivera Vivanco, se aprobó la expropiación del predio como bien de utilidad pública, con el fin de construir un complejo deportivo.
Un año después, regidores dejaron sin efecto el dictamen por el que se declararon de utilidad pública 6 mil 098 metros cuadrados del complejo, dejando el caso en el limbo.