La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Puebla buscará castigar hasta con 15 años de cárcel la filtración de información de investigaciones en casos de violencia física o sexual, cadáveres o circunstancias de la muerte dónde estén involucradas mujeres, adolescentes y menores de edad.
La coordinadora del grupo legislativo, Nora Merino Escamilla, retomó la denominada “Ley Ingrid”, que castiga este tipo de filtración de datos en medios de comunicación y que fue aprobada en entidades como Ciudad de México y Oaxaca.
Esta iniciativa se originó a nivel federal y en diferentes estados luego de que el 9 de febrero de 2020 se registró el feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven poblana de 25 años de edad que residía en la Ciudad de México junto a su pareja de 46 años. Las imágenes de su cuerpo desollado fueron filtradas a medios de comunicación y compartidas por redes sociales, lo que generó indignación entre la población.
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En la propuesta, presentada en la sesión del Pleno de este día, la legisladora propone reformar el artículo 422 del Código Penal del Estado, artículo que fue derogado por el Congreso local desde el 4 de dentro de 2012.
Merino Escamilla plantea castigar a quien por cualquier medio y fuera de los supuestos la ley, “fotografíe, videograve, audiograve, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte”.
Las penas por este tipo de delitos en la procuración y administración de justicia irán de 4 a 10 años de prisión y una multa de 100 a 150 Unidades de Medida y Actualización, es decir, de los 9 mil 622 pesos a los 14 mil 433 pesos.
No obstante, en los casos dónde este tipo de filtración de información se den en casos de mujeres, niños, niñas o adolescentes, la sanción podrá incrementará hasta en un 50 por ciento, por lo que la pena máxima podría llegar hasta los 15 años de cárcel.
En su posicionamientos desde el Pleno, Merino Escamilla consideró como un avance histórico que la Cámara de Diputados haya tomado medidas para evitar la revictimización de las víctimas de delitos como feminicidios.
“Puebla, hoy más que nunca, necesita que la Ley Ingrid llegue, que la homologación se dé, y sobre todo que sean siempre salvaguardados los derechos de las víctimas y que nunca más haya una Ingrid Escamilla, que nunca más se revictiimice a las víctimas y que siempre se cuiden los procesos”
A raíz de esto, diversas entidades federativas comenzaron a legislar para sancionar que las víctimas sean revictimizadas al difundir información, datos o pruebas de su investigación. En marzo de este año la Cámara de Diputados aprobó sancionar este delito hasta con 10 años de prisión.
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Foto: Especial