Osvaldo Valencia / @Osva_Valencia
La bancada de Morena en el Congreso de Puebla impulsará la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud para garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en un plazo no mayor a cinco días desde que se solicite se le practique el procedimiento.
La iniciativa de reforma fue entregada por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval este viernes 6 de noviembre en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la cual busca que las instituciones de salud del estado garanticen los servicios de calidad para interrumpir su embarazo.
Además, incorpora la obligación de las instituciones de la entidad para brindar los servicios de educación sexual, planificación familiar, métodos anticonceptivos, entre otros. De acuerdo con el documento, la iniciativa incorpora un capítulo sobre la “Interrupción legal del embarazo” en la Ley de Salud de Puebla para establecer el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo.
“ARTÍCULO 70 BIS.- Las instituciones públicas de salud del Estado deberán proceder a la interrupción legal del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad cuando la mujer interesada así lo solicite, desde la concepción y hasta la décima segunda semana de gestación”, plantea la legisladora.
Cuando la mujer solicite este servicio, las instituciones de salud deberán proporcionar consejería médica y social, con información veraz y oportuna, con otras opciones con que cuentan las mujeres además de la interrupción legal del embarazo, Entre las opciones que podrían proponer las instituciones están la adopción, los programas sociales de apoyo, así como explicación de las posibles consecuencias en su salud de las mujeres.
Si la mujer toma la decisión de practicarse el aborto, los servicios de salud del estado tendrán un plazo de cinco días para llevar a cabo el procedimiento con todas las medidas para garantizar la protección de la paciente. Cuando el embarazo sea producto de una violación, la interrupción deberá ser inmediata.
“Cuando la mujer decida practicarse la interrupción legal de su embarazo, las instituciones de salud deberán efectuarla en un término no mayor a cinco días naturales, contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos que establezca la Secretaria de Salud Pública del Estado, excepto cuando la mujer declare, bajo protesta de decir verdad y previa denuncia ante el Ministerio Público, que el embarazo es resultado de una violación sexual, en cuyo caso la institución deberá efectuar la interrupción legal del embarazo inmediatamente, de conformidad con la legislación y normatividad en materia atención a víctimas de un delito”.
Las instituciones de salud del gobierno estatal deberán atender las solicitudes de interrupción legal del embarazo a las mujeres solicitantes aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado, y con estricto apego a la normatividad en materia de protección de datos personales.
El personal médico cuyas creencias religiosas o convicciones personales vayan en contra de la interrupción del embarazo podrá excusarse de participar en el procedimiento; sin embargo, no se podrá invocar la objeción de conciencia cuando la salud o vida de la mujer esté en peligro, o el embarazo sea resultado de una violación.
Instituciones de salud deberán incluir programas de salud y educación sexual La iniciativa también plantea que las instituciones de salud del estado implementen políticas y programas integrales de educación sexual, salud sexual y reproductivos, así como servicios de planificación familiar.
“ARTÍCULO 62.- La atención de la educación sexual, salud sexual, reproductiva y de planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la promoción y aplicación, permanente e intensiva, de políticas y programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, derechos reproductivos, anticoncepción, así como a la maternidad y paternidad responsables, particularmente para adolescentes y jóvenes”.
Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca el gobierno tendrán como propósito principal reducir el índice de interrupciones de embarazos a través de la prevención de aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo reproductivo, y la propagación de infecciones de transmisión sexual.
También se fomentará la maternidad y paternidad responsable, con énfasis en la prevención de embarazos no planeados y no deseados; así como la distribución gratuita de condones y métodos de planificación familiar a la población demandante, y grupos de riesgo o en situación de vulnerabilidad a través de la Secretaría de Salud estatal. La iniciativa de reforma será turnada en próximos días por la Mesa Directiva del Poder Legislativo en próximos días.
