Osvaldo Valencia / @Osva_Valencia
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Puebla buscará elevar hasta los 90 años de prisión la pena por feminicidio cuando sea cometido por servidores públicos con funciones de prevención, persecución o sanción de delitos.
La diputada local Rocío García Olmedo presentó la iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Penal del Estado, la cual fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
La propuesta plantea adicionar el artículo 338 Septies para elevar hasta en una mitad la pena por feminicidio cuando sea cometido por un burócrata o por un prestador de servicios de seguridad pública.
“Artículo 338 Septies: La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad si el delito es cometido por algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de penas, o por algún prestador de servicios de seguridad privada.
Actualmente el Código Penal de Puebla castiga entre 40 a 60 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio, por lo que en los casos donde se aplique la pena máxima, la sanción llegaría hasta 90 años de cárcel.
La legisladora priista también propone elevar hasta en una tercera parte cuando la víctima sea mujer menor de edad, adulta mayor, indígena, esté embarazada o padezca alguna discapacidad, por lo que la pena máxima de prisión llegaría hasta los 80 años.
El incremento de esta pena también se daría cuando lo cometa un servidor público y valiéndose de su condición o intervenga en cualquier etapa del hecho; lo cometan dos o más personas; sea cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviere vínculo de parentesco; la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del sujeto activo; o si previamente se suministraron estupefacientes o psicotrópicos para causar la inconsciencia de la víctima.
La iniciativa pretende castigar con prisión de tres a ocho años y multa de quinientos a mil quinientas Unidades de Medida de Actualización (UMA) para el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia.
