Política

Analizan hasta 12 años de prisión por cobrar préstamos con amenazas en Puebla

El diputado Andrés Villegas propuso sancionar con hasta 12 años de prisión a quien utilice amenazas o violencia para exigir el pago de un préstamo o crédito.

Analizan hasta 12 años de prisión por cobrar préstamos con amenazas en Puebla

Fue presentada ante el Congreso del Estado una iniciativa para tipificar como delito el cobrar préstamos con amenazas o violencia, con penas que van de cuatro a doce años de prisión.

La propuesta fue planteada por el  diputado Andrés Villegas Mendoza para castigar a quien, con el fin de obtener el pago de un crédito o préstamo, recurra a intimidaciones, amenazas, coacción, hostigamiento, presión psicológica, retención de objetos personales, daños materiales o violencia física o moral.

Esto derivado de casos relacionados con el sistema de préstamos conocido como «gota a gota». Los préstamos son de montos pequeños, entregados rápidamente, y se pagan en cuotas diarias, semanales o mensuales. Los prestamistas suelen visitar a los deudores para recoger las cuotas.

Agravantes si la víctima está en situación de vulnerabilidad

El legislador también propone que, cuando el delito se cometa contra personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia, la sanción aumente hasta en una mitad, es decir, podría alcanzar hasta 18 años de prisión.

Analizan hasta 12 años de prisión por cobrar préstamos con amenazas en Puebla
Diputado Andrés Villegas | Foto: Agencia Enfoque

El objetivo es frenar prácticas abusivas que ponen en riesgo la seguridad, integridad, libertad o patrimonio de los deudores y sus familias.

La iniciativa de cobrar préstamos con amenazas está en análisis legislativo

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis. De aprobarse, se adicionará al Código Penal del Estado de Puebla, creando una figura específica para sancionar el cobro violento de préstamos, una problemática que ha ido en aumento en el ámbito local.

El legislador no mencionó casos específicos, pero subrayó la urgencia de ofrecer herramientas legales contra prácticas de cobro coercitivo, que muchas veces quedan impunes.



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